Podemos se encamina a una batalla interna que tiene como objetivo marcar una nueva etapa en la organización, pasar página sobre el anterior periodo pilotado por Daniel Ripa y encarar un tiempo distinto. El elemento que ha actuado como punta del enorme iceberg que surca las aguas de la formación morada ha sido la suspensión de militancia del que fuera diputado por el Occidente Andrés Ron Vilanova. El comité de garantías, dependiente de la dirección nacional, incoó una sanción que conlleva también la expulsión del consejo ciudadano (máximo órgano de representatividad del partido), así como la imposibilidad de concurrir a primarias. Con Ron Vilanova quedan también sancionados otras dos personas de la organización (Mayi Colubi y Fran Suárez), y el proceso (una expulsión de facto) sacude los equilibrios internos. Ron formaba parte de la candidatura que encabezaba el exlíder de la formación Daniel Ripa y que se enfrentó a la de Sofía Castañón, actual coordinadora del partido. En aquellas reñidas elecciones, aunque algunos integrantes de la lista de Ripa fueron los más votados, finalmente el bloque de Castañón obtuvo el control del Consejo Ciudadano.

En aquella reñida campaña, el propio Ripa denunció presiones de la dirección nacional. Y estuvo marcada en la recta final por la intervención de las cuentas del partido en Asturias por presuntas irregularidades en el reparto de ayudas (el llamado “programa Asturias”, Tras el resultado electoral, la fractura fue evidente: la nueva dirección política retiró a Ripa la portavocía parlamentaria e inició un giro evidente en el partido: un modelo más acorde con la coalición de gobierno con el PSOE en el gobierno central.

La sanción a Andrés Ron no tiene que ver con todo esto, pero también sí. La razón de fondo es la disputa entre las dos familias tras el cese de cargos orgánicos que tenían sueldo del partido, una decisión sobre la que se ha iniciado una batalla laboral en los tribunales. Pero las cargas son de más profundidad.

Ayer, Andrés Ron compareció ante los medios para afirmar que su sanción supone “un error” que la dirección de Sofía Castañón debe enmendar. A su lado se encontraba Daniel Ripa, quien consideró “absurdo” el castigo a quien calificó como “uno de los fundadores de Podemos Asturies y del movimiento 15-M”. Ron y Ripa pidieron a la dirección regional que recapacite, pero enmarcaron las sanciones en un intento de mantener el control del partido de cara al proceso de creación del futuro frente amplio electoral nacido del llamamiento de la ministra Yolanda Díaz, concretamente por el afán de “la lógica de mantener el poder intentando borrar una parte de la organización, las personas y sus valores”.

Poco después, Sofía Castañón respondió: “Yo no estaría en una organización de la que sospechase planes retorcidos”. La coordinadora de Podemos dejó abierta muy de soslayo la puerta para un posible entendimiento, pero lo cierto es que internamente en la organización se da por irreconciliable la situación. “Hay muchas cosas que se sabrán próximamente”, dicen dirigentes de Podemos próximos a Castañón.

Un hecho es relevante: Sofía Castañón respondía a la rueda de prensa de Ron y Ripa tras un encuentro con Comisiones Obreras sobre fiscalidad. Precisamente esa capacidad de diálogo con Comisiones Obreras es clave: “Con Ripa no era posible”, sostienen en el partido quienes recuerdan la interlocución del excoordinador un sector de la CSI. Comisiones Obreras es una de las piedras angulares de la construcción de ese futuro frente amplio “yolandista”.