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El Principado estudia medidas extra de ahorro energético para la Administración

FADE cree que las restricciones de consumo del Gobierno perjudican a comercio y hostelería "más duramente que en ningún otro país europeo"

EP

El Gobierno del Principado no quiere quedarse corto dentro del plan de ahorro y ya mira más allá. El paquete de medidas energéticas planteado desde el Ejecutivo central tras el acuerdo en Bruselas es solo "el primero", explican desde el gobierno autonómico, y de su éxito depende que las decisiones que le sigan no sean más lesivas para la región. Así, la Consejería de Industria estudia ya "autoaplicarse" medidas adicionales para maximizar el nivel de ahorro. Estas, explican, se ceñirán únicamente en el seno de la Administración para tratar de ir un paso más allá del 7% de ahorro que exigen a España desde la UE. Las nuevas medidas podrían afectar, por ejemplo, a las jornadas de los funcionarios o a los criterios de contratación pública, aunque no se definirán hasta la semana que viene, cuando se reunirá la mesa de trabajo interdisciplinar que está estudiando estos planes en Asturias

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La directora general de Energía, Belarmina Díaz Aguado, señala que el objetivo último del nuevo esfuerzo que desde Industria plantean imponer a la Administración tiene como objetivo final la defensa de la industria de la región. Si Asturias tiene, a día de hoy, una peculiaridad en materia energética es el peso de la industria electrointensiva. "En el consumo energético de Asturias, la industria supone más del 60 por ciento, mucho más que para la media europea, que ronda el 20 por ciento". Cualquier ahorro que pueda aplicar la Administración y el propio ciudadano dentro de sus posibilidades, aducen desde el Gobierno, facilitará que los ejecutivos nacional y comunitario no tengan que exigir recortes energéticos en la industria.

A juicio de Díaz, más allá de los planes de eficiencia energética que ya están llevando a cabo las empresas, una exigencia de ahorro más intensa para el sector industrial asturiano podría llevar a realizar cortes en la producción de las empresas. "Evitarlo es uno de nuestros principales objetivos", defiende Díaz. El presidente del Principado, Adrián Barbón, también se pronunció ayer sobre el paquete de medidas y mostró su preocupación ante la situación actual pendiente de la amenaza rusa al corte del gas y sus efectos sobre Europa, España y Asturias: "Vienen tiempos de incertidumbre". El líder socialista cree que es el momento de tomar medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios de los ciudadanos para que la economía no se pare. Aludió a las medidas de ahorro energético impulsadas por la UE como una política de solidaridad a la que, desde el Principado, se sumarán "sin ningún miramiento". "Estas medidas van a permitir que la industria y el empleo no se perjudique", sentenciaba ayer el presidente.

Pese a la preocupación que manifiesta el Gobierno regional sobre la situación de la industria y su papel dentro de la crisis energética, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, cargó ayer contra el paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Creo que las medidas anunciadas son muy inflexibles y no tienen en cuenta las peculiaridades de cada empresa y territorio", denunció ayer la presidenta de la patronal. A juicio de María Calvo, las restricciones "no solo afectan a los consumidores, sino también a los trabajadores" que, en todo caso, recuerda "deben ver garantizadas sus condiciones laborales".

La presidenta de la Federación de Empresarios reconoce el esfuerzo común que debe realizar la sociedad, pero cree que las medidas no deberían "perjudicar tanto el comercio y la hostelería" y que, a ojos de la patronal, está ocurriendo "más duramente que en ningún otro país europeo".

El cumplimiento de las restricciones se comprobará a través de las inspecciones habituales

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El Gobierno central ha delegado en las comunidades autónomas el control del cumplimiento de las medidas de ahorro. Desde el Principado reiteran que, estas, se cumplirán. Industria precisa que las labores habituales de inspección que se realizan en industrias y comercios incorporarán ahora la revisión del cumplimiento del plan de ahorro impulsado desde Bruselas. Aunque desde el Gobierno señalan su voluntad es que las medidas se vayan adoptando lo antes posible se dará un margen de adaptación antes de que pueda haber sanciones por su inaplicación. Para su cumplimiento, desde el ejecutivo regional apelan a la "responsabilidad individual".

La voluntad de la Administración es lanzar una campaña de sensibilización entre la población. Este es otro de los puntos que se está estudiando en la mesa de trabajo coordinada por Industria y en la que participa la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN).

El plan de ahorro de la UE en España se ha plasmado en cuatro medidas: límites para la calefacción, cierre de puertas, apagar la iluminación nocturna y revisión de calderas. De estas, dos de las restricciones no son del todo nuevas, sino que ya estaban en vigor desde el año 2009 (límites para la calefacción y cierre de puestas). Entonces, el Gobierno de Rodríguez Zapatero estableció la obligación de mantener la calefacción a un máximo de 21 grados en invierno y un mínimo de 27 grados en verano, así como un cierre de puertas "adecuado" para evitar las fugas térmicas a partir de su plan de ahorro y eficiencia energética 2008-2011. El objetivo de estas medidas, que entonces no tuvieron carácter temporal como ahora, era reducir un 10% las importaciones de petróleo en España. El Gobierno de Sánchez ha reducido ahora esos límites –de 21º a 19º en calefacción y de 27º a 26º en aire acondicionado–, mientras que en el caso de las puertas abiertas incluye aquellas que utilicen energía renovable para la climatización.

Los establecimientos afectados por los límites a la climatización y el cierre de puertas son los mismos que los de 2009, aquellos situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos: administrativos, comerciales (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares), culturales (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), de "espectáculos públicos y actividades recreativas", bares, restaurantes y cafeterías y estaciones de tren o autobús y aeropuertos.

El apagado de luces a partir de las 22.00 horas y la regulación de calefacciones y aires acondicionados entrará en vigor el próximo martes 9 de agosto. La cartelería a la que se obliga a estos establecimientos para informar sobre la aplicación de estas medidas deberá ponerse en marcha en un plazo de un mes: a partir del 2 de septiembre. Mientras que para disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado se da de plazo hasta el 30 de septiembre.

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