No hay que irse muy lejos para ver una apuesta pública mayor por un instituto de investigación sanitaria que la que hace el Principado con el ISPA. El Gobierno de Cantabria invierte el doble de dinero en su Instituto de Valdecillas (IDIVAL). En concreto, son 2,1 millones los que aporta el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla a la fundación que gestiona el centro científico biosanitario de Santander frente a los 1,1 que las Consejerías de Salud y Ciencia destinan a la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) y, en definitiva, al ISPA. Los investigadores del Instituto regional han denunciado en LA NUEVA ESPAÑA que la precariedad en los laboratorios es "tremenda" y creciente, y reclaman al Gobierno autonómico más recursos para lo que definen como la "joya de la corona".
En verdad, lo es. El ISPA es el buque insignia de la investigación sanitaria en Asturias y la cabeza tractora del polo biosanitario que Oviedo quiere construir en torno al HUCA y a La Vega. Fue creado en 2016, dos años después de constituirse la FINBA. En la práctica, la FINBA y el ISPA son lo mismo, ocupan el mismo edificio granate junto al HUCA y la primera se encarga de gestionar al segundo. Estas instituciones consiguieron en diciembre de 2020 dar un gran salto con la obtención de la acreditación del Instituto Carlos III (un sello de excelencia del Ministerio de Sanidad), que sobre el papel iba a traer más recursos humanos, infraestructuras y tecnologías. Sin embargo, en la práctica no ha supuesto la mejora esperada por los investigadores.
Asturias consiguió ese sello gracias a su talento científico. En el ISPA trabajan más de 900 investigadores, los mejores de la región en biotecnología, cáncer, cardio, inmunología, metabolismo y neurociencias. Entre ellos están, por ejemplo, Carlos López Otín, Mario Fernández Fraga, Ana María Coto, Julio Bobes, Adonina Tardón, Rosa María Sainz, Felipe Lombó, María Jesús Lobo, Adolfo Valdés, Guillermo Muñiz Abaiceta, Carlos López Larrea, Elías Delgado, Jorge Cannata, Jesús Merayo... Según la memoria de 2020, son 723 científicos pertenecientes a 47 grupos de investigación, a los que hay que sumar 173 que están en grupos de trabajo en las subáreas de Atención Primaria y Cuidado en la Salud. Hay otro grupo más pequeño de científicos que también colaboran con la institución y que hacen el total de 912 investigadores.
Ese gran volumen de profesionales publica al año casi 600 artículos científicos y capta más de 200 proyectos. De hecho, en 2020, los investigadores del ISPA consiguieron por esta vía 6,36 millones de euros. Sin embargo, todo ese esfuerzo investigador no va acompañado de un gran respaldo económico. La FINBA tuvo este año un presupuesto de 6,22 millones de euros, un 26% más que en 2021. La mayor parte del dinero proviene de fondos competitivos públicos o privados provenientes de proyectos de investigación e innovación. La aportación del Principado se queda en 1,1 millones, mientras que las de los patronos privados, en 400.000.
Echando la vista hacia Cantabria, la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla, que también tiene la acreditación Carlos III, gestiona un presupuesto de 12,5 millones, de los cuales 2,1 procedente del Gobierno. Más al oriente está la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, que es cien por cien pública, y gestiona cuatro institutos (Bioaraba, Biocruces-Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune de Osakidetza) con casi 3.000 investigadores. Solo el Bionostia maneja un presupuesto de 11,7 millones. Al occidente, en Galicia, hay varias fundaciones biosanitarias. Una de ellas es la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS), con un presupuesto de 16,6 millones, de los cuales 6,4 vienen del sector público.
Tanto las consejerías de Salud y de Ciencias como la Universidad de Oviedo y el Colegio de Médicos han rechazado hacer declaraciones a este periódico sobre la precariedad denunciada por los investigadores, que se quejan de que la falta de fondos no permite estabilizar el talento captado justo cuando muchos científicos de peso se están jubilando. La precariedad afecta también a las infraestructuras. Rosa María Sainz es investigadora del ISPA, además de directora del IUOPA (Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias) y defiende que "la investigación no se puede convertir en un instrumento político o de gestión". "La investigación –remarca– la hacen los investigadores, la piensan y desarrollan los investigadores y sin investigadores sanitarios nuestro sistema es débil y muy inferior al de otros países". Sainz dice más: "El problema del ISPA es interno, pero como directora del IUOPA me preocupa tremendamente la instrumentalización que se está haciendo del instituto porque esa no era la razón de su existencia".
Ana María Coto, catedrática de Biología Molecular de la Universidad de Oviedo y directora del INEUROPA (Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias), expone su "percepción personal" como investigadora principal de un grupo consolidado del ISPA. "Pagamos el 21% de nuestros proyectos a la FINBA y, en nuestro caso, esto es exclusivamente para que nos gestionen la parte económica del mismo, porque no tenemos ninguna otra ventaja. Nos han dejado muy claro que no tenemos ni tendremos laboratorio. Ni siquiera podemos formar parte de un laboratorio común ni tener una nevera". Otro problema más, agrega Coto, es que se les prohíbe a los investigadores pre y postdoctorales dar clases en la Universidad, cuando hoy es la única vía de estabilización que tienen. "Esta falta de docencia es penalizada seriamente por la ANECA, por lo que quedan en clara desventaja para concursar a una plaza. Esto nos obligará, si la FINBA no lo remedia, a tener que pedir los proyectos exclusivamente por la Universidad, lo que cada vez nos alejará mas del ISPA", advierte.
