Más de diez mil fincas, afectadas por el cambio catastral que puede aumentar los tributos

Los propietarios de parcelas en varios concejos han empezado a recibir las notificaciones para el proceso, ya completado en otras regiones

Vacas pastando en unos terrenos de montaña.

Vacas pastando en unos terrenos de montaña. / Miki López

Los cambios catastrales vinculados a las solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) afectan a mas de 10.000 fincas en Asturias, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a LA NUEVA ESPAÑA. El Catastro ha tramitado este año en Asturias 6.882 expedientes de comunicación que afectan a 10.357 parcelas, "que supone el total previsto para 2023". La llegada de estas cartas de la gerencia del Catastro ha generado una gran alarma en la zona rural porque muchos de los propietarios de las fincas no sabían que sus terrenos habían sido incluidos en solicitudes de ayudas para la PAC.

El Catastro ha empezado a enviar comunicaciones a los dueños de fincas en las que informa del cambio de cultivo o de aprovechamientos de los bienes inmuebles rústicos (fincas), a raíz de la información enviada por el Ministerio de Agricultura sobre terrenos que están incluidos dentro de las ayudas de la PAC. Este proceso se ha realizado en todo el país, pero en Asturias las notificaciones comenzaron a llegar el pasado mes de octubre. En concreto, los primeros concejos a los que se enviaron estos avisos fueron Pravia, Grado y Tineo, aunque posteriormente ya han llegado a otros de la zona centro, como Nava.

"Consecuencias"

La Dirección General del Catastro asegura que el envío de esos expedientes de comunicación "en ningún caso responde a un procedimiento de revisión de los valores catastrales", sino que tiene como fin "actualizar la base de datos del catastro, incorporando los cambios de cultivos o aprovechamientos de las fincas rústicas que los propios titulares de las explotaciones agrarias han declarado en las solicitudes de ayudas de la PAC". Pero el Ministerio de Hacienda reconoce que "la consecuencia de incorporar el nuevo cultivo es el cambio en la descripción catastral del bien inmueble, afectando a sus características físicas (clase de cultivo o aprovechamiento) e incluso económicas (valor catastral y valor de referencia)". Es decir, aunque el Catastro niega que se trate de un procedimiento de revisión de los valores catastrales, los cambios de cultivos o aprovechamientos pueden tener consecuencias económicas, relativas al valor catastral y de referencia, que se utilizan por ejemplo para liquidar impuestos.

El cambio en el valor, "ya que puede bajar, subir o incluso variar muy ligeramente, según sea el caso, es consecuencia del cambio en la descripción catastral del inmueble por el cultivo comunicado en la solicitud de las ayudas de la PAC", precisa Hacienda. De hecho, en algunos casos no hay cambio alguno o incluso el terreno baja de valor –por ejemplo si pasan de ser de labor a pastizal–. Pero, en otros, el valor catastral ha subido entre un 100 y un 150 por ciento, según advertía la pasada semana el diputado autonómico del PP, Luis Venta, con el consiguiente impacto en la liquidación de posibles impuestos en casos de futura venta de esos terrenos.

Asesores especializados en tramitaciones relacionadas con la actividad agroganadera precisaron semanas atrás que el cambio de uso de las fincas podría tener impacto, por ejemplo, en la liquidación del impuesto de sucesiones, condicionado al valor de la herencia, ya que una revalorización de los terrenos puede influir en el mínimo exento. Y también en los pagos de otros tributos, como los de transmisiones patrimoniales y la plusvalía que se paga a los ayuntamientos, que toman precisamente como referencia el valor catastral .

La inquietud por esta situación es la que, precisamente, ha llevado a muchos propietarios de fincas a pedir a los ganaderos y agricultores que dejen de llevar sus terrenos rústicos, una costumbre muy extendida en la zona rural para que las fincas estén cuidadas y atendida y que, en muchos casos, no conlleva compensación económica alguna. Uno de los riesgos potenciales de que se extienda esa retirada de fincas al sector agroganadero sería la existencia de mayor superficie de matorral y monte bajo, que serviría de material combustible en caso de incendios.

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