Crece el apoyo a que la ITV de Asturias sea mixta y se abra a la empresa privada

La patronal critica el impacto de la huelga | Delia Losa: "Al Gobierno regional le interesa la solución al conflicto y que siga la gestión pública"

Coches esperando para pasar la ITV en la estación de Val de San Vicente, en Cantabria. | Ramón Díaz

Coches esperando para pasar la ITV en la estación de Val de San Vicente, en Cantabria. | Ramón Díaz / Javier Cuartas/ Juan A. Ardura

La prolongación de la huelga de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (ITVASA) y al aumento de las listas de espera para pasar la revisión obligatoria impulsa los apoyos para que ese servicio pase a ser mixto en vez de exclusivamente público, como en la actualidad, y se abra a la empresa privada. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Asociación de Talleres y Concesionarios de Asturias (ASPA) coincidieron ayer en la crítica al impacto que este conflicto laboral está provocando tanto entre distintos profesionales como en la ciudadanía en su conjunto y defendieron que el cambio de modelo en la gestión permitiría mejoras en la prestación de este servicio. En cambio, la Delegada del Gobierno, Delia Losa, se mostró convencida de que el interés del Ejecutivo de Adrián Barbón pasa por "solucionar el conflicto y también que la gestión de ese servicio siga siendo pública".

La presidenta de la patronal, María Calvo, sumó ayer el mensaje de la FADE al debate abierto por el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, que el pasado viernes reconocía que se está planteando un cambio de modelo en la ITV ante la prolongación en el tiempo de una huelga cuyos paros intermitentes ya comenzaron hace tres meses, en noviembre. "La huelga está generando problemas graves a particulares y a empresas privadas", afirmó Calvo, quien puso especial énfasis en el perjuicio que supone para transportistas y empresas tener que desplazarse fuera de Asturias para pasar la inspección obligatoria de la ITV. "La obligación de ir a Foz, Unquera o León está suponiendo un coste tremendo en horas". La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) defendió que "debe liberalizarse esta actividad cuando sea posible sin que esto suponga un ataque a lo público; debe ser compatible".

Miguel Pérez Carballo, presidente de la Asociación de Talleres y Concesionarios de Asturias (ASPA), también lamentó "la situación de caos" que está provocando esta huelga a los profesionales y empresarios de su ramo. "La situación en los talleres es insoportable, en muchos los clientes han agotado los vehículos de cortesía porque no pueden circular con su automóvil", explicó Pérez Carballo. "Todo el mundo está indignado y conviene tener presente que los camiones y los vehículos industriales de empresa tienen que pasar la ITV cada seis meses. ¿Tienen que pedir ya dos citas, ante la lista de espera actual, que en algunas estaciones ya alcanza el medio año?", planteó el presidente de ASPA, quien añadió que este conflicto "nos está bloqueando los talleres". Miguel Pérez defendió, asimismo, los efectos positivos que tendría "acabar con el actual monopolio". En su opinión, "abrir este servicio a la iniciativa privada, aliviaría el problema y la competencia sana iría en beneficio de los ciudadanos".

El contrapunto a estos llamamientos a un modelo mixto de la ITV llegó de la Delegada del Gobierno en Asturias. Delia Losa manifestó la "confianza absoluta" en el Ejecutivo asturiano, que tiene las competencias en esta materia, y manifestó su convencimiento de que "el interés del Gobierno progresista asturiano es solucionar el conflicto y que la empresa siga siendo de titularidad pública. Si algo somos los progresistas, es defensores de todo el sistema público".

La asociación de consumidores Facua, por su parte, envió sendos escritos al Principado y al Ministro de Industria para reclamar "actuaciones urgentes" que alivien el colapso en las estaciones de ITV que "afecta a miles de conductores a diario", sin que el ejercicio del derecho de huelga de la plantilla "suponga un coque frontal con el derecho de los ciudadanos a un servicio efectivo".

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