Los juristas cuestionan el intento del Principado de frenar los pisos turísticos: "Invade competencias"

Juristas asturianos dudan de la viabilidad de la reforma de la ley de Turismo del Principado que mantiene a muchos propietarios de viviendas en vilo. Y es que tal modificación puede afectar tanto a quienes quieren alquilar sus propiedades, bien como vivienda de uso turístico, (VUT) o bien como vivienda vacacional (VV), como a quienes habiten en el mismo edificio. Ante el rápido incremento del turismo en Asturias, el cambio legislativo, promovido por la vicepresidenta regional, Gimena Llamedo, plantea que las comunidades de propietarios tengan que dar el consentimiento expreso para que se puedan explotar turísticamente las viviendas. Una reforma que combaten los propietarios que ya están en el sector, dispuestos a movilizarse para frenarla en los tribunales.

Herminia Campuzano, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, opina que ese movimiento de los propietarios tiene «opciones» de éxito: «La «probabilidad de que (la ley) no salga adelante existe». Esto es así porque «si bien es cierto que el turismo sí es competencia de las comunidades autónomas, la Ley de Propiedad Horizontal y el Derecho Civil son regulaciones de ámbito estatal, por lo que estaríamos hablando de distintas materias que, en este caso, se sobreponen», expone Campuzano. La solución más directa para la jurista sería entonces «el diálogo, que se sienten a hablar y negociar ayuntamientos, comunidades y Gobierno central».

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Otro punto que rechazan los propietarios de pisos turísticos es que la nueva norma pueda aplicarse con efectos retroactivos; es decir, que las viviendas que ya están en funcionamiento necesiten conseguir apoyos suficientes de cada comunidad de propietarios en un plazo de seis meses.

La posible clausura de alojamientos supone «cierto riesgo» para el desarrollo del sector, opinan también los expertos consultados. «En una región donde el turismo va en aumento año tras año, la limitación o prohibición de alojamientos en comunidades de propietarios deberá conllevar la creación de nuevos establecimientos hoteleros si se quiere cubrir la demanda», sostiene García. «Al limitar el número de viviendas, la oferta hotelera podría no ser suficiente; además, la restricción iría en contra de la libre competencia», comenta Campuzano. Y defiende que las viviendas de uso turístico cumplen también una «función social».

Mayorías cualificadas

«Lo normal es que los propietarios de los pisos y las comunidades de vecinos tengan intereses contrapuestos, pero estas últimas ya gozan desde octubre de 2021 de la posibilidad de limitar o condicionar la actividad turística gracias al artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal», expone Antonio Lorca, asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Oviedo. Se refiere a la opción que ya tienen las referidas comunidades de incluir en sus estatutos restricciones a los usos turísticos, mediante acuerdos que requieren mayoría cualificada (tres quintas partes de la propiedad). Y añade: «No parece lógico que el proyecto (del Principado) prospere, puesto que va en contra de leyes estatales e incluso de la Constitución».

Lorca ve en la reforma un objetivo doble. Por una parte, busca «apoyar la hostelería tradicional, que ha perdido clientela tras la pandemia»; por otra, «sacar pisos para alquiler como vivienda habitual». Sin embargo, esto último comporta «un riesgo mucho mayor para el arrendador que la vivienda vacacional, ya que se paga por adelantado y el riesgo de ocupación es mínimo», explica Lorca.

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