La Administración del Estado ha puesto en cuestión la licitud de varias disposiciones incluidas en la ley de medidas urgentes con la que el Principado pretende eliminar trabas burocráticas y simplificar trámites administrativos. El BOE y el BOPA publicaron ayer el acuerdo de la comisión bilateral Estado-Principado que da inicio a unas negociaciones tendentes a “resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 1 y 2 y la disposición final cuarta” de la norma. Se refieren a las modificaciones que la ley introduce en los trámites de evaluación ambiental de proyectos o planes urbanísticos, entre otras medidas, y su ajuste a la legalidad será valorado por un grupo de trabajo constituido al efecto. El Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies advierte de que esta negociación es previa a un eventual recurso de inconstitucionalidad y de que “la reforma ‘estrella’ del Principado se arriesga a acabar estrellada en el Constitucional por precipitación y exceso de celo antiburocrático”.
