"Mi cometido debe ser favorecer la inclusión, y para ello debo combatir la pobreza y no asistirla", declaró ayer en la Junta General la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, para defender la gestión del salario social y la exigencia de que los perceptores de esta ayuda económica asuman participar en medidas para su inclusión. Álvarez respondía a una pregunta urgente formulada por el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, quien se mostró crítico con la consejera al afirmar que "los derechos subjetivos no se pueden ni se deben condicionar".
Melania Álvarez abrió hace semanas la caja de los truenos el pasado 6 de octubre al desvelar que uno de cada cuatro perceptores de salario social resultó ilocalizable cuando se les convocó para participar en formación o acudir a una oferta laboral. La muestra no era elevada (370 personas de un total de 14.319 perceptores) pero el porcentaje llevó a la consejera a afirmar que el salario social era un derecho que conllevaba también deberes
"No sabemos si está satisfecha por recibir el apoyo del PP y Vox, le felicitan los fascistas y le censuran las organizaciones del tercer sector y el Colegio de Trabajo Social; si esto no le hace reflexionar, yo ya no sé", dijo Palacios. Álvarez no se arredró y aseguró que el objetivo prioritario del Gobierno es garantizar la capacidad de respuesta del sistema de garantías: "Huimos del café para todos", recalcó.
En su exposición sobre la gestión de su área, Melania Álvarez aseguró que la implantación del ingreso mínimo vital (establecido por el Gobierno central) permitió reducir "casi un 90 por ciento) la lista de espera del salario social. Así, la cifra de titulares del salario social básico pasó de 22.284 a 14.319; los plazos de tramitación se redujeron de 6 a 1,5 meses y las solicitudes en espera pasaron de 1.478 a 187. La evidencia más relevante ha estado en el gasto medio mensual en el presupuesto autonómico, que pasó de 9,9 a los 6,4 millones mensuales.
Melania Álvarez quiso desmontar los "muchos mitos" que existen alrededor de la gestión de esta prestación y aseveró que su departamento busca "focalizar el esfuerzo en las familias con menores, aquellas personas vulnerables que tengan que hacer frente a un alquiler o hipoteca y, por supuesto, los beneficiarios que participen en los itinerarios de inclusión".
Las críticas de Palacios fueron afectadas por la diputada del PP Reyes Fernández Hurlé, que aseguró que su partido ha criticado la gestión de la prestación, pero no la ayuda. "En el PP nadie ha llamado vago a ningún perceptor del salario social", indicó.
El diputado de Ciudadanos Manuel Cifuentes felicitó a la consejera por "la valentía" y le pidió que "no pierda el tiempo en batallas políticas". Ovidio Zapico, de IU, reclamó a Álvarez que busque "los lugares comunes con la izquierda parlamentaria" y criticó que ahora el salario social pueda ser cuestionado. Adrián Pumares, de Foro Asturias pidió detalles sobre los trabajos para favorecer la empleabilidad, y la diputada de Vox Sara Álvarez insistió en que la sociedad asturiana está "subsidiada". Armando Fernández Bartolomé indicó que el problema pasa por las características del mercado laboral y la alta tasa de economía sumergida.
