El centro-derecha obligará al PSOE a pronunciarse sobre la ITV privada en Asturias

La Junta General se despereza tras el parón de enero y abre el periodo de sesiones, el control y la orientación al Gobierno con un Pleno que trae para el martes y miércoles próximos una petición coral de explicaciones y soluciones, a cargo de PP, Vox y Foro, para el conflicto laboral que ha llevado a la huelga al personal de la Inspección Técnica de Vehículos. El portavoz popular, Álvaro Queipo, dirigirá a la ITV su pregunta al presidente del Principado en el Pleno del miércoles y ya ayer su adjunto, Luis Venta, quiso reforzar la posición de los populares otorgando a Adrián Barbón «una prórroga de seis días» –de aquí al Pleno– «para solucionar un conflicto que avergüenza a los asturianos» y que tiene a miles «esperando seis meses por una cita» u obligados a pasar la revisión en otras regiones.

El PP empieza por la pregunta parlamentaria de la semana que viene y pase lo que pase con huelga llevará al Pleno siguiente la proposición de ley que ha registrado en la Junta para tratar de promover un cambio de modelo plenamente público de gestión de la ITV, que los populares pretenden abrir a la convivencia de la iniciativa privada. «Tenemos que tener otras opciones», apunta Venta, para quien «la ITV pública no funciona al cien por cien. Hay lagunas».

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Desde una posición de partida similar, Vox adelantará la votación a este miércoles, no sobre una modificación legislativa, sino a través de una proposición no de ley que plantea un cambio de modelo abierto a la entrada de la iniciativa privada. Sin llegar a la privatización plena, apunta la portavoz de Vox, Carolina López, «apostamos por un esquema de liberalización en la que empresas privadas previamente homologadas puedan prestar el servicio».

Todo esto son empujones para que el PSOE se pronuncie después de que el Gobierno del Principado haya jugado, con muchos matices, con la posibilidad de ese giro en el esquema de gestión. Es mucho más que probable el voto en contra, toda vez que el Ejecutivo ha dicho que cree en la ITV pública, pero no descarta que un enquistamiento del conflicto le obligue a plantearse un cambio ante el que ya se han rebelado de forma preventiva sus socios de IU.

La Junta, mientras, permanece dividida en dos. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, que también preguntará al Gobierno por esta cuestión en el próximo Pleno, critica la inacción del Ejecutivo e invoca la convicción de que «lo urgente es solucionar el conflicto laboral y luego estudiar medidas que puedan abrir el servicio a la competencia». Su compañera en el Grupo Mixto y diputada de Podemos, Covadonga Tomé, responde de la posición del sentido contrario, la del «no rotundo» a la privatización, el apoyo a las reivindicaciones de la plantilla y la conciencia de que la ITV «tiene que continuar siendo un servicio público», porque es esta modalidad la que «nos permite tener las tarifas entre las más bajas de España».

A todo esto, la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, apuntó ayer sin detalles que «estamos en diálogo con los trabajadores y poniendo todo lo posible y legalmente admisible encima de la mesa para llegar a un acuerdo, entendiendo sus reivindicaciones, pero también teniendo en cuenta que hay unos márgenes legales». El Gobierno está a la espera de que la parte sindical haga una contrapropuesta y la Consejera dice haber recibido una petición de reunión «de una persona del sindicato que no es el representante del comité de huelga».

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