Los más de treinta expropiados de Truyés dicen llevar diez meses esperando a que se cumpla una sentencia judicial que obliga a la promotora de Los Balagares -Dolabay Erma, S. L.- al pago de los intereses generados por sus terrenos expropiados, que los afectados cifran en más de dos millones de euros. Al no contar con respuesta alguna por parte de la firma, los vecinos han decidido llevar el caso a los tribunales por la vía penal.

Este colectivo vecinal se ha manifestado en varias ocasiones frente a la urbanización de Los Balagares como fórmula de presión para «forzar a la empresa a que cumpla la ley». También colocaron en las inmediaciones de la urbanización varios carteles reclamando el pago de las expropiaciones semanas atrás. Ayer se reunieron en Overo para analizar su situación.

Los vecinos afectados se entrevistarán esta mañana con el alcalde, Luis Belarmino Moro (USPC), para buscar soluciones. Los expropiados aprovecharán este encuentro para solicitar una reunión en la que participen los abogados de ambas partes, la empresa, el Alcalde (como portavoz del Ayuntamiento) y representantes del colectivo de afectados.

El inicio de las expropiaciones se remonta al año 2004. Truyés era entonces un pequeño núcleo rural en el que proliferaban hórreos y caserías y en el que predominaba la actividad agraria y ganadera. «Sufrimos una expropiación forzosa de un día para otro», comentaron los vecinos.

Por el momento, el único contacto que los expropiados han mantenido con la empresa ha sido a través de sus abogados y los de la promotora, sostienen. Los Balagares les propuso cobrar un 20 por ciento del total que les debe este mes; otro 25 por ciento en 2010; otro tanto en 2011, y el resto, un 30 por ciento, durante el año 2012. Los afectados han rechazado esta oferta porque la consideran «irrisoria» y además, destacan, «no existe ningún tipo de aval que certifique el pago».

El colectivo vecinal, por otra parte, expresó su agradecimiento a todos aquellos que, a título personal, les están apoyando en sus reivindicaciones. «Hay muchas personas que entienden que lo que defendemos es una causa justa», señaló ayer un representante de los vecinos.