15 de mayo de 2010
15.05.2010

IU arremete contra el PP por aprobar el contrato del agua «con tufo a prevaricación»

Garrido replica a Quiñones que no es el más adecuado para hablar de democracia en la adjudicación del agua a Aqualia que aprobó con el PSOE

15.05.2010 | 02:00

Piedras Blancas,


Inés MONTES


La polémica continúa tras el Pleno del miércoles en el que PSOE y PP, con el voto en contra de IU, volvieron a adjudicar el agua a Aqualia. Los populares apoyaron una enmienda de los socialistas que cerró el paso a la propuesta de IU de declarar desierto el concurso.


El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Castrillón, José Luis Garrido, reiteró ayer que para IU el acuerdo es nulo y lo pondrá en manos del juez. Asimismo, Garrido reclamó ayer a su homólogo del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, que «por una vez explique a los ciudadanos qué les mueve a conculcar la legalidad para dar a Aqualia un contrato para lo que no han dudado en apoyar acuerdos con un tufo insoportable a prevaricación».


Garrido criticó al PP y también al socio de gobierno de la coalición, el PSOE, y les pidió explicaciones por conceder el agua a Aqualia «basándose en un informe a la carta firmado por alguien que ha sido inhabilitado por 50 años para ejercer como funcionario».


El portavoz de IU respondió a las críticas de Quiñones a la alcaldesa, Ángela Vallina (IU), por el «escaso respeto a las decisiones democráticas», que quienes violentan la democracia «son el PP y el PSOE, al tratar de aprobar un acuerdo totalmente ilegal y que carece de los informes preceptivos y obviando los existentes de los técnicos municipales que consideran la propuesta de Aqualia inadmisible».


«Quiñones y el PP, en el caso de Aqualia, no son los más adecuados para dar lecciones de democracia, pues toda su gestión en este caso tuvo mucho que ver con la defensa de los intereses privados y no con los de los ciudadanos», dijo. Garrido explicó que la adjudicación del agua en 2006, tuvo que ser recurrida por IU porque el entonces gobierno local del PP «aprovechándose de su mayoría en coalición con tránsfugas del PSOE, conculcó la legalidad para dar un contrato multimillonario y por 25 años a una empresa y tuvieron que ser los tribunales quienes declarasen nula la adjudicación», concluyó.

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