El colegio La Canal suspende desde hoy el servicio de comedor ante la ausencia de vigilantes. La dirección y la Asociación de madres y padres de alumnos (Ampa) mandaron ayer una circular a las familias para comunicarles los motivos de la cancelación de las comidas. La nota informativa explica que el procedimiento de contratación de empresas que prestan el servicio de vigilancia ha quedado desierto. "Pese a haber incrementado el precio del contrato, ninguna empresa se ha presentado, quedando nuevamente hasta en dos ocasiones desierto", reza el escrito.
Tanto el martes como ayer, el servicio de vigilancia del comedor lo llevaron a cabo profesores voluntarios, una figura que la Consejería de Educación asegura que está amparada por la ley. "Dado que la situación se mantiene y en tanto en cuanto resulte posible solventar la misma, se comunica que el servicio de comedor queda suspendido", sentencia la circular. Así las cosas, más de un centenar de alumnos de La Canal no podrá comer en el centro desde hoy. La presidenta de la Ampa, Arantxa Crespo, comentó al respecto: "La Consejería habló con el Consorcio de transportes de Asturias para que los niños que vienen al colegio en autobús puedan ir y volver a casa a comer". El horario de las comidas empieza a la una menos cuarto y termina dos horas después, durante las que estos alumnos tendrán que viajar hasta sus hogares, almorzar y regresar de nuevo al centro. Esto supone un problema de conciliación de las familias, que se verán obligadas a recurrir a parientes u otras personas para que se encarguen del cuidado de los niños durante este tiempo.
La Ampa de La Canal tiene previsto reunirse con las familias hoy para tomar decisiones al respecto. La dirección del centro sigue guardando silencio sobre este asunto. La Consejería incidió en que la figura de los profesores voluntarios es legal.
La circular enviada por la dirección y la Ampa de La Canal también expone otros argumentos de que la situación haya llegado a estos extremos. "Las empresas con las que se ha mantenido contacto nos hacen saber que no se trata del precio del contrato, que es acorde con los precios del mercado, sino con los conflictos laborales de estas vigilantes con las anteriores empresas y que deben ser subrogadas por la nueva empresa que quiera prestar el servicio", asegura el documento enviado.
Precisamente se refiere al caso de María Cristina García Granda y Ana María Vila Fernández, las dos trabajadoras del servicio que tienen un contrato de fijas discontinuas desde 1991. Ambas fueron muy críticas ayer acerca de que los profesores se hicieran cargo provisionalmente de sus labores: "Ellos no tienen carné de manipulador de alimentos y no pueden servir comidas. Nosotras somos maestras y no nos ponemos a dar clase cuando hay huelga de profesores o si falta alguien".
La situación de estas trabajadoras está en el aire, a pesar de que tienen sentencias a su favor por las que las empresas que se hagan cargo del servicio de vigilancia tienen que subrogarles el contrato. Las dos mujeres fueron contratadas por la dirección del centro el 3 de octubre de 1988 y encadenaron varios contratos temporales hasta lograr ser fijas discontinuas. Desde entonces, cada empresa que cubrió el servicio de vigilancia las subrogó pero ahora su futuro laboral está en el limbo. Estas trabajadoras vieron reducidos sus derechos laborales al inicio de este curso escolar.
"Antes comíamos en el colegio pero la empresa que lo llevaba hasta ahora (La Productora) dijo que no le interesaba pagar dinero por eso y no nos dejan comer allí", critican. Su contrato dice que su jornada laboral será de 10 horas de lunes a viernes, el tiempo que dura el servicio de comedor. Sus funciones se limitarían a "vigilar el comedor", aunque ellas también se encargaban hasta finales de año a servir las mesas". Ayer, acudieron al centro para llevar un justificante de su asistencia, pero no lograron su propósito. La diputada de IU, Concha Masa, preguntará en la Junta por los motivos de esta situación.
