El Principado valora que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido incrementar hasta los 91 millones de euros las ayudas para compensar los llamados costes indirectos por las emisiones de CO2, pero lamenta que la cifra aún está lejos de los alrededor de 220 millones que se demandaban desde Asturias y que reclama el propio sector. La oferta inicial del Ejecutivo central consistía en repartir este año 76 millones, con opciones de llegar a los cien. Como ayer adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Consejo de Ministros aprobará hoy la convocatoria por 91 millones. "Es una aportación muy importante, mejora la del año pasado, y seguramente tendrá un impacto muy positivo sobre esa reducción de la diferencia de precios que tenemos respecto a otros países del entorno europeo. Pero todo el importe que se pueda apurar dentro de los marcos establecidos a nivel comunitario serán muy bienvenidos. Es una cifra inferior a la que pretendemos nosotros", señaló el consejero de Industria, Isaac Pola.

Esta bolsa de ayudas fue uno de los temas que abordó ayer en Madrid el secretario general de Industria, Raúl Blanco, con los representantes de los trabajadores de Alcoa, que tomaron a media mañana la carrera de San Jerónimo. Mientras a las puertas del Congreso de los Diputados resonaban los gritos de "Alcoa no se cierra" y "Fuera yanquis, pandilla de mangantes", sindicalistas de las fábricas de Avilés y La Coruña mantenían reuniones con los grupos parlamentarios.

"Trasladamos a Raúl Blanco que la cifra de 91 millones no vale, hay que llegar al tope que marca Europa. Es una ayuda totalmente legal. Nos preocupa bastante, además, que no se nos asegure que el Estatuto para el consumidor electrointensivo se vaya a aprobar antes de las elecciones, como nos habían dicho. Lo que hay es poco para que un inversor compre las plantas", señaló el presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz. La receta pasa, según los sindicatos, por eliminar los costes indirectos de la factura eléctrica, ofrecer el tope de ayudas por para compensar los costes indirectos por las emisiones de CO2 y por los contratos bilaterales. Sobre el resto de contactos políticos, De la Uz añadió: "Nos reunimos con todos salvo con Podemos, que no aparecieron. Nos recibió Ana Pastor (presidenta del Congreso de los Diputados) y todos nos trasladaron su apoyo. Nosotros les hemos pedido que sigan empujando para que se apruebe el Estatuto y que, gane quien gane las elecciones, sigan luchando a nuestro lado para salvar las fábricas". Unos 300 personas (la mayoría trabajadores de las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña) se movilizaron ante el Congreso de los Diputados en una protesta que acabó con una detención. Los manifestantes intentaron avanzar más allá de las vallas que rodeaban la carrera de San Jerónimo, la policía cargó contra varios trabajadores y arrestó a uno de la planta coruñesa. "Somos trabajadores, no deberían darse este tipo de comportamientos", apuntó De la Uz sobre la detención. El operario abandonó la Comisaría de Moratalaz a primera hora de la tarde. La marea amarilla partió de Avilés a las cinco de la madrugada y llegó a casa poco después de las ocho de la tarde. Su lucha continúa.