15 de noviembre de 2002. "Albergue de animales, ya", gritaban por las calles de Avilés unos 1.200 manifestantes. Convocados por la Plataforma Pro Albergue y apoyados por sindicatos y ecologistas, reclamaban la construcción de la perrera comarcal tras doce años de lucha por la instalación. En la marcha, pitidos y reproches a los alcaldes de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Illas, Soto del Barco, Muros de Nalón, Carreño y Pravia. Han pasado 18 años desde entonces y treinta de espera por la perrera. Cuando el camino parecía encarrilado con la puesta en marcha del nuevo Consorcio del albergue, licitación de parcela incluida en Tamón, los cimientos de la perrera se tambalean de nuevo tras la crisis con Carreño, que argumenta que el lugar elegido no es apto para la instalación y ha dado los primeros pasos para salirse del ente mancomunadoLos integrantes del Consorcio (son 12 ayuntamientos y Avilés el de mayor peso) tienen que decidir este mes si siguen adelante con el proceso en marcha o si desisten de la licitación y buscan otra alternativa más adelante. Las posturas difieren. Una bomba de relojería.
Son doce los ayuntamientos que conforman ahora el Consorcio del Albergue Refugio de Animales (ARA): Avilés, Castrillón, Corvera, Muros de Nalón, Pravia, Llanera, Illas, Las Regueras, Candamo, Carreño, Gozón y Soto del Barco. Lo dejó encarrilado en el anterior mandato el exconcejal avilesino Miguel Ángel Balbuena, pero su sucesor en la presidencia del Consorcio, el también socialista Jorge Luis Suárez, heredó realmente una patata caliente.
El 21 de junio de 2019 se reunió en el Ayuntamiento de Avilés la mesa de contratación para la licitación convocada para la adquisición de la parcela para ubicar la perrera del Consorcio del Albergue y Refugio de Animales (ARA). En primer y segundo puesto quedaron dos fincas propiedad de la Fundación Protectora de Animales situadas en Tamón, Carreño (con 102,78 y 99,48 puntos, respectivamente), y en tercer y cuarto puesto dos castrillonenses (La Curtia y Gortón, con 96,09 y 54,36 puntos).
La respuesta vecinal en Tamón fue casi inmediata y comenzaron las protestas y movilizaciones de oposición a la perrera comarcal con el respaldo del Ayuntamiento. La Corporación local expuso desde el primer momento que "las propuestas que se están barajando en Carreño no son compatibles urbanísticamente y ya fueron rechazadas instalaciones similares de menor tamaño por el Pleno Municipal".
Se refería la Alcaldesa Amelia Fernández al intento fallido de la Protectora de Animales del Principado de poner en marcha un albergue para perros y gatos en esas mismas parcelas años atrás. Buena parte de la documentación que remitió Carreño en los últimos meses al Consorcio se fundamenta precisamente en los argumentos que dio entonces el Consistorio para rechazar la implantación de la perrera de la Protectora. Básicamente vienen a decir que la propiedad no es "compatible urbanísticamente con el uso al que se quiere destinar y que hay viviendas en las proximidades". Un informe jurídico remitido por Carreño al Consorcio recoge además que "el acuerdo de la mesa" de contratación valoró "erróneamente la entidad y coste de las obras que deben realizarse en el camino de acceso", que la parcela linda con un cauce fluvial (en zona de protección del dominio público hidráulico) y carece de saneamiento.
Son varios los informes remitidos por Carreño para justificar su oposición: de la Mancomunidad Cabo Peñas: de la técnico de Medio Ambiente... El de la secretaría incide en que "este Ayuntamiento ya rechazó en dos expedientes de 2013 y 2016 la ubicación en esos terrenos de una perrera de mucha menor dimensión, entre otras cosas porque excedía de las necesidades municipales". "No estamos ante meras cuestiones formales, sino ante claros impedimentos urbanísticos y medioambientales (agua, saneamiento y ruido) de una instalación con una evidente incidencia ambiental. Pero es que además, la propuesta de la Mesa contraría los pliegos rectores de la licitación aprobados por el Consistorio, ya que el Plan General de Carreño no permite la implantación, no existe red de agua adecuada ni red de saneamiento en más de dos kilómetros que no funcionaría por gravedad en caso de que fuera posible" , dice literalmente el informe del secretario municipal de Carreño.
Pero para la mesa de contratación, ninguno de estos argumentos invalidan la propuesta de licitación. En su respuesta a las alegaciones, la mesa recuerda a Carreño que cuando se aprobaron los pliegos técnicos se exigía ya la tramitación de un estudio de implantación, que el coste de las obras necesarias para extender las redes de abastecimiento y saneamiento corresponderán en todo caso al promotor de la actuación, que las necesidades de caudal no serán mayores que las de una vivienda o que no está prohibido el uso que se quiere dar a la parcela. "El hecho de que se hubiera presentado con anterioridad un estudio de implantación que no fue aprobado definitivamente no impide la presentación de uno nuevo, teniendo en cuenta además el interés supramunicipal que ahora existe en la actividad del albergue", recoge literalmente el escrito de la mesa, que propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato para la adquisición de la parcela de la discordia.
Sobre eso tiene que decidir el Consorcio en la reunión que se prevé convocar de forma inminente y mucho más tarde de lo previsto inicialmente (aún no se ha convocado en el actual mandato). ¿Se sigue adelante con la propuesta? ¿Se paraliza el proceso y se busca otra alternativa? ¿Es legal detener un procedimiento ya en marcha? ¿Acabará el debate en ruptura?
Dolores Hoffman, exportavoz de la Plataforma Pro Albergue (asociación ya desaparecida "Esto no debería ni pasar por la opinión pública, disponer de un albergue para animales abandonados es una necesidad imperiosa e histórica. La perrera seguirá siendo una utopía mientras no haya ya no solo voluntad política, sino decisión política", opina.
