¿Cómo puede un territorio azotado por múltiples crisis que han hecho zozobrar el barco redirigir el timón? Avilés se enfrenta desde esta semana a la última sacudida de lo que podría ser la tormenta perfecta para la depuradora de Maqua. El Estado anunciaba que la reforma de la planta para adaptarla a la normativa comunitaria quedaba en suspenso al no haber conseguido resolver los problemas jurídicos detectados con los terrenos. A saber: esa anomalía jurídico-administrativa implica que al haberse edificado ya en su día en terrenos de dominio público marítimo terrestre, sin que conste ningún título habilitante al menos desde 1901, no es posible realizar intervención alguna hasta lograr la regularización del suelo.
En la práctica, el galimatías administrativo en el que se encuentra envuelta la depuradora no es otro que la parcela en cuestión no es propiedad del Ayuntamiento de Avilés, ni del Principado, sino que es propiedad demanial del Estado, es decir es propiedad del Estado y con la legislación vigente en los últimos 120 años no puede llegar a tener otros dueños. La gestión depende del Ministerio de Medio Ambiente, concretamente de su Dirección general de Costas.
A la conjunción de elementos para la tormenta perfecta que sacude a Maqua se suma el hecho de que la depuradora funciona desde 2005 pero incumple las exigencias europeas. La remodelación y acondicionamiento de las instalaciones para adaptarlas a las normas comunitarias y dotarlas de tratamiento secundario (biológico) y control de los vertidos estaba en fase de licitación. Pero con la resolución de esta semana se ha suspendido. Y habrá que indemnizar con 50.000 euros a la empresa mejor posicionada en esa licitación, al quedar parado el procedimiento.
La demandada y necesaria actuación en Maqua volvió a quedar en evidencia esta semana por una tercera razón. El fuerte aguacero que anegó céntricas calles de Avilés tenía que ver, entre otras razones, por un fallo en la depuradora. Habida cuenta de que las obras –cuando se puedan realizar– durarán 30 meses, ¿conviene achacar a alguien –persona física o jurídica– los fallos encadenadas en la EDAR de Maqua? La Alcaldesa, Mariví Monteserín solo pide rapidez y diligencia. Conviene que en ese cúmulo de decisiones erróneas no se genere desafección del ciudadano con la Administración pública. Los contribuyentes exigen mecanismos ágiles para que los problemas no se eternicen. Y el de Maqua, va camino de ello.
¿Su origen? La desecación y relleno de las antiguas marismas de Llodero, que realizó con una concesión otorgada por Real Orden en 1910 a la marquesa de Maqua. Esa concesión era a perpetuidad, lo que legalmente suponía una cesión de uso por 99 años. El Ayuntamiento, obligado a aportar suelo para la construcción de la estación depuradora de aguas residuales, pagó casi 350.000 euros entre 1993 y 1994. Al querer inscribir la finca en el Registro, surgió un pleito con la Demarcación de Costas, que se solucionó definitivamente con la sentencia del Tribunal Supremo en 2004. Su adscripción a la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, constituye ahora un obstáculo para la libre disposición del suelo.
“La depuradora tiene derecho de uso pero es imposible crecer en terrenos adyacentes”, explicó un portavoz de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Dar por bueno aquel derecho de uso impide resolver el problema del saneamiento de una de las tres grandes ciudades asturianas. Mariví Monteserín reconoce que no le corresponde al Ayuntamiento más papel que el de exigir pero la complejidad de un procedimiento administrativo que exaspera a todos. Que se lo digan a los titulares de los bajos de Llano Ponte ante la enésima inundación de sus negocios. Los “informes que contradicen informes” llevan a los ayuntamientos a pedir más capacidad de decisión para cuestiones que trascienden del ámbito local.
Europa lanzó en junio el enésimo ultimátum a España por no garantizar un tratamiento correcto a las aguas residuales, señalando a las depuradoras de Gijón, Avilés y Oviedo. La normativa, aprobada en 1991, obliga a los estados a tratar adecuadamente las aguas residuales en áreas de más de 15.000 habitantes. España ya fue condenada a pagar una multa de 12 millones de euros por la mala o nula depuración en 14 aglomeraciones urbanas, una de ellas la de Gijón.
El incumplimiento de Maqua fue incorporado a un procedimiento de infracción, momentáneamente sin sanción, porque el proyecto para solventarlo estaba en marcha. Pero ha vuelto ahora a la casilla de salida. ¿Servirá para apremiar la amenaza de una multa millonaria? Ojalá no haya más desembolso que el de la decisión política acertada.
