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Pilotes y jackets fabricados por Windar para exportarLNE

Windar alerta del frenazo de inversiones y de deslocalizaciones por el coste energético

El líder mundial de fabricación de torres eólicas, que genera miles de empleos, asegura que “no se puede competir con esta factura eléctrica”

“El elevado y continuado incremento del coste de la luz está poniendo en riesgo futuras inversiones y la competitividad de la industria”. La advertencia parte de Windar Renovables, la multinacional del grupo Daniel Alonsolíder mundial en fabricación de torres eólicas terrestres y marinas. El conglomerado industrial avilesino tiene una plantilla que oscila entre los 1.200 y los 1.700 empleados en función de los picos de producción, y a los que hay que sumar los cientos de puestos de trabajo que genera en las labores que subcontrata a otras compañías de la comarca y de la región.

“Las empresas no pueden soportar que el coste de la factura energética se duplique y que sea la más cara de toda Europa. Eso provoca pérdida de competitividad y pone en riesgo posibles inversiones. Incluso puede favorecer deslocalizaciones como esto no se corrija rápido”, aseguraron fuentes de Windar Renovables.

La compañía avilesina, con contratos que aseguran carga de trabajo hasta 2023, no se plantea paralizar la actividad, ya que debe “cumplir con los compromisos suscritos tanto de piezas fabricadas como de plazos de entrega”. Pero las mismas fuentes recalcaron que “se debe encontrar una solución cuanto antes, porque no se puede salir al mercado a competir sabiendo que tus costes van a ser muy superiores a los de tus competidores”. Y entre ellos están los países asiáticos, donde solo los costes salariales ya son muy inferiores a los europeos.

Windar, lejos de generar polémica, entiende que “las empresas estamos lanzando un mensaje de que es urgente ayudar a la industria”, señalaron desde la compañía, que se suma así a los que ya han trasladado otras grandes empresas de la región y desde las patronales FADE y FEMETAL. La multitud de empresas asentadas en Avilés la convierten en el área metropolitana con mayor densidad industrial de España. Y no sólo eso; es, además, una de las de mayor concentración de multinacionales de Europa, entre ellas varias hiperelectrointensivas. Sólo en la comarca de Avilés ya son varias las empresas que han anunciado ajustes en su producción. La primera fue Asturiana de Zinc (AZSA), que ya la ha reorganizado porque el coste energético ha pasado de suponer un 45 por ciento de la factura de fabricación a llegar al 70 por ciento. Y no es la única. Gonvarri-Hiasa también está estudiando ajustar la fabricación a las horas de menor coste energético, y Arcelor-Mittal y Fertiberia (en este caso por el precio del gas) han anunciado medidas similares en plantas de otras comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Gobierno que encabeza aprobará mañana una aportación de 100 millones de euros adicionales para paliar la subida del precio de la luz, y que se destinará a 1,2 millones de hogares vulnerables españoles ante la llegada del invierno.

Pero el coste del precio de la energía para la industria sigue pendiente de Bruselas. Mientras tanto, el Ejecutivo puso sobre la mesa a mediados de septiembre un plan de choque que se resume en ampliar las rebajas fiscales y reducir los beneficios extraordinarios obtenidos por las centrales no emisoras de CO2. Un plan que llevó a una colisión frontal entre el Ministerio para la Transición Ecológica que pilota Teresa Ribera y las grandes eléctricas afectadas por la medida.

La primera energética en dar un paso al frente ha sido Iberdrola, que ya ha adjudicado varios contratos millonarios a Windar Renovables y que hace solo unos días replicó a las críticas del SOMA-FITAG-UGT, que previamente había denunciado el “abandono” y la “falta de compromiso” de la compañía –propietaria de la térmica de Lada– con Langreo y con toda Asturias.

El propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha comprometido a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural, pero siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos. La condición, por eso, es que el Gobierno retire el Real Decreto y la Ley criticada por la UE. La partida continúa.

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