Lo que cuesta mantener abierta la fábrica de aluminio de San Balandrán son1,4 millones de euros al mes. Esto es, al menos, lo que calcula Ramón Juega, el administrador judicial que nombró la Audiencia Nacional el pasado 9 de agosto con el fin de coger las riendas de la empresa Alu Ibérica, la aluminera avilesina en crisis desde hace más de tres años.
Estos 1,4 millones de euros son el resultado de la suma de gastos fijos que tiene la empresa cada mes; es decir, esa cifra no incluye los gastos variables o extraordinarios. La parte principal de esta operación que relaciona Juega corresponden a los salarios de los 248 trabajadores que actualmente están afectados por el ERTE. Esto quiere decir que alrededor del 46% del presupuesto mensual se va a la partida de personal. Cuando comenzó la crisis, en octubre de 2018, la plantilla avilesina estaba formada por 315 personas: 67 trabajadores, por tanto, se han quedado por el camino, esto es, uno de cada cinco empleados de la fábrica asturiana.
Los mayores gastos relacionados por Juega –aparte de las nóminas– son los correspondientes a los seguros sociales de los trabajadores y, también, las cuotas del Impuesto sobre la Renta. Tras ellos, la factura de luz: casi 160.000 euros al mes. Explica Juega que la potencia contratada por los dueños de la fábrica, –por Víctor Rubén Domenech y su socia, AlexandraCamacho– no era acorde al nivel de producción de los hornos de fundición; desde el pasado 8 de julio es nula. Va para cinco meses en que no sale ni un gramo de aluminio fundido de las instalaciones fabriles. En la página web de la empresa figuraba (ayer mismo) que la planta está preparada para “producir anualmente 80.000 toneladas de tochos y 30.000 de lingotes una vez implantado el nuevo plan industrial, que ya está adaptando la planta para la producción de aluminio verde circular”. Lo primero es cierto; lo segundo, señalan los trabajadores, nunca se ha iniciado.
La empresa Logiplus Worldwide despidió a todos sus trabajadores de limpieza que atendían la fábrica avilesina (7) aduciendo que no cobraba de Alu Ibérica la factura de ese servicio (36.000 euros) y que, por lo tanto, no tenía dinero para pagarles. Lo que sí que hacía esta filial de Domenech y de Camacho era caja: compró bitcoins con el dinero de Alu Ibérica. Esto es, al menos, lo que dice la Policía Nacional en un informes que adelantó “El Periódico de España”, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.
Alu Ibérica, en este momento, no ingresa nada, no tiene dinero. Por eso ha regulado a su personal.
Un ERTE de seis meses
El período de consultas del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) propuesto por el administrador judicial de la empresa Alu Ibérica de Avilés se ha reducido a sólo dos reuniones: la del miércoles pasado y la de ayer. A las tres de la tarde, todos los representantes sindicales en la aluminera de San Balandrán firmaron su conformidad con la regulación de empleo por un período temporal de seis meses como máximo y sin complemento alguno por parte de la compañía dado que la empresa se encuentra en una situación de preconcurso de acreedores como consecuencia de la gestión realizada entre los días 8 de abril de 2020 y 8 de agosto de 2021 por parte de sus propietarios, esto es, Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho, ambos procesados por la Audiencia Nacional como presuntos autores de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. La aceptación del acuerdo es clara:“Para poder cobrar rápido”.
Los trabajadores avilesinos de Alu Ibérica organizan una manifestación en Oviedo el próximo 8 de noviembre que partirá de la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias.
La firma de los trabajadores y del delegado de la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional, la que dirige la instrucción que cuenta con Domenech y Camacho como cabecillas de una trama destinada a la descapitalización fraudulenta de la fábrica de aluminio que compró a Parter Capital y esta, a su vez, a Alcoa, no supone la activación inmediata del expediente de regulación. Eso le corresponde al director general de Trabajo, que es la autoridad laboral competente en esta materia. Sin embargo, la convalidación del ERTE que se firmó ayer es segura dado el acuerdo entre las partes.
La regulación de los trabajadores será, en principio, por medio año y esto es así porque las dos partes han acordado la posible reincorporación de trabajadores “en función de cuándo se vaya restableciendo la actividad”. El modo en que esto se va a llevar a cabo es sencillo:cada uno de los 248 trabajadores a su puesto correspondiente. Esto llegará cuando la planta consiga la tesorería de la que carece tras el año y medio de las actuaciones llevadas a cabo por Domenech y sus hombres en las instalaciones.
El Principado manifestó recientemente su intención de activar todo lo que le competa para poder poner en marcha el concurso de acreedores que, supone la puerta de entrada a nuevos inversores. Juega manifestó que ya hay candidatos llamando a la puerta.
