La multinacional Alcoa, la propietaria de la fábrica de aluminio de San Balandrán, acordó reducir el capital social de la empresa que, entonces la gestionaba (Alcoa Inespal Avilés), de 50 a 3 millones de euros. Esta decisión se llevó a cabo una semana antes de que la propia multinacional firmara un contrato de compraventa de la planta con la sociedad Blue Motion Technologies Holding AG (un instrumento societario creado por el fondo de capital suizo Parter) por el que recibió cincuenta centavos de dólar (otros cincuenta llegaron de la venta de la empresa que gestionaba La Coruña).
La reducción de los 47 millones del capital social de la fábrica avilesina la imputó Alcoa en el momento en que la realizó (el 28 de junio de 2019, cuando el plazo de venta estaba previsto para el 1 de julio) a una “compensación de perdidas” de ejercicios anteriores.
La auditoría del último ejercicio contable anterior a la venta de la fábrica señala, entre otras, pérdidas de 43 millones de euros. Vienen del “deterioro de activos” y explica que estos son consecuencia del acuerdo de enero de 2019, el que sellaron los representantes de la compañía con los de su trabajadores (el despido colectivo de toda la plantilla, menos los del departamento de fundición, si en seis meses Alcoa no conseguía un comprador de sus fábricas).
El límite de las pérdidas, señala la Ley de Sociedades de Capital, es un porcentaje determinado del capital social de tal modo que el agujero contable se puede atacar por dos vías: ampliando el capital o reduciéndolo. La matriz de Alcoa Avilés –único socio de la compañía hasta el 31 de julio de 2019– decidió optar por el recorte.
Las pérdidas que reconoce en el año 2017 –según se lee en la auditoría de 2018– fueron casi 84 millones cuando en 2016 habían sido de 8 y pico. Uno de los rotos más gordos de ambos ejercicios fue el reseñado en el apartado del “consumo de materias primas” (energía eléctrica). La factura de 2017 fue 25 millones más alta que la del año anterior.
Se da la circunstancia de que la cifra de negocio (los ingresos) de los dos años fue de 173 millones en 2017 y de 158 del año inmediatamente anterior. En noviembre de 2018 (este lunes a las 18.00 se conmemora esta fecha con la convocatoria de una manifestación en Oviedo) comenzó la crisis de la aluminera que todavía no ha terminado.
A mediados de octubre de aquel año, los trabajadores recibieron una carta (firmada por Timothy Reyes, uno de los vicepresidentes de Alcoa) en la que se comunica el inicio de “un procedimiento de despido colectivo, en virtud de causas objetivas de naturaleza productiva, organizativa y técnica”.
Tras proceder a la reducción de capital, unos días después, Alcoa y Parter firmaron el contrato de traspaso de las fábricas y el precio de adquisición. En ese contrato, que desveló en su día LA NUEVA ESPAÑA, se señalaba expresamente que quedaba prohibida la venta de parte o de toda la fábrica a nadie durante dos años, el llamado “período de protección” (terminó el 1 de agosto de este año).
En marzo de 2020 Parter (Joachim Magin) y la entidad comercial Grupo Riesgo llegaron a un acuerdo de venta (en la persona de Luis Losada, administrador único de System Capital Management, que ahora se llama Iberian Aluminium).
En el documento notarial que da fe de la venta de 224 participaciones sociales de la sociedad Alu Holding Avl 2019 Spain (otra pantalla de Parter) se puede leer que Magin manifestó que sobre las participaciones puestas a la venta (tres cuartas partes de las totales) no existía derecho alguno que pudiera limitar o condicionar su “plena disponibilidad”.
Un presunto testaferro de Domenech denuncia al secretario de Industria de CC OO
Luis Losada que, según la Seguridad Social, actuó como presunto testaferro de Víctor Rubén Domenech, principal procesado en el caso de descapitalización fraudulenta de las fábricas de Alu Ibérica, ha presentado una querella criminal contra Damián Manzano, el secretario general de la federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) en Asturias.
Losada, que fue detenido en marzo de este año pasado tras el registro de las sedes sociales de las empresas vinculadas a la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, acusa al líder sindical de haber cometido un delito de injurias y calumnias durante una comparecencia pública ante periodistas.
El sindicato que dirige señala a este respecto: “la interposición de demandas absolutamente infundadas y carentes de la más mínima validez jurídica forma parte de una estrategia encaminada a atemorizar y coartar la libertad sindical y de expresión en un intento de impedir que se sigan denunciando públicamente las situaciones que se vienen desarrollando en la planta avilesina, y que vienen padeciendo sus empleados”. “En repulsa” de esta situación, CC OO “llama a la participación en la concentración pacífica” delante de los juzgados de Lena el próximo jueves (12.00 de la mañana).
