Desencantados por la falta de novedades y preocupados por no cobrar. Así se presentaron esta mañana en Oviedo a la ministra de Industria, Reyes Maroto, de visita en Asturias, los trabajadores de Alu Ibérica. Los representantes de la plantilla de la aluminera avilesina accedieron a verse con Maroto minutos antes de que esta participara en la clausura del Congreso de Hoteleros Españoles a Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Durante aproximadamente una hora, los sindicalistas trasladaron a Maroto las dudas sobre su futuro. "¿Qué hay de cierto en los inversores que han anunciado?"; interpelaron desde el comité de empresa.

Las "buenas palabras" del Ministerio no acaban de convencer a los trabajadores, pero desde Industria insisten en que hasta que no se decrete el concurso de acreedores no se podrá avanzar en el proceso. Si se diera esa circunstancia, Maroto se comprometió a que el mes próximo se celebrará una reunión técnica en Madrid "para trabajar en una nueva fase" para las plantas de Avilés y La Coruña.

La ministra, por su parte, aseguró que detrás del conflicto del aluminio hay "tres culpables: Alcoa, Parter y Riego". E insistió en que "el Gobierno siempre ha estado del lado de los trabajadores".

Esta semana, el consejero de Industria, Enrique Fernández, manifestó ayer en sede parlamentaria que la declaración del concurso de acreedores que se prevé para Alu Ibérica (antes Alcoa) “en las próximas fechas” será el momento idóneo para la búsqueda de “un inversor serio y solvente” que se haga cargo de gestionar la planta aluminera de Avilés.

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En una comparecencia en la comisión de Industria de la Junta General, donde fue preguntado por este asunto por el diputado de Podemos Daniel Ripa, el Consejero recordó que Alu Ibérica se encuentra intervenida judicialmente debido “a la mala fe –y presuntamente algo más– de Alcoa”, anterior propietaria, y de “otras empresas cómplices” que participaron en el traspaso final de la propiedad a Grupo Industrial Riesgo.

El administrador judicial de las plantas de Avilés y La Coruña, Ramón Juega Cuesta, solicitó en septiembre el preconcurso de acreedores por la gravedad de las deudas. Será cuando se aprueba esa figura, según incidió Fernández, cuando habrá que “moverse rápidamente” para materializar la entrada de un nuevo inversor solvente que garantice el empleo y la producción.