El catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, Benigno Pendás (Barcelona, 1957), es, desde esta semana, el nuevo presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACYM). El también consejero de Estado –fijo todos los veranos avilesinos a cuenta de los cursos de La Granda– conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA.
–Le han elegido por aclamación.
–Así es. Efectivamente. Los datos que yo tengo son que normalmente las elecciones han sido muy apretadas así que es una satisfacción especial haber obtenido la confianza de tan enorme mayoría de los colegas. Esto quiere decir que la Academia tiene deseos de integración y de búsquedas de trabajos en común.
–¿Cómo se enfrenta la RACYM al siglo XXI?
–Nuestra Academia, y todas las demás academias, tienen un papel importante en el siglo XXI: la reflexión sobre unas sociedades que son cada día más complejas y más difíciles de interpretar. Le voy a poner un ejemplo: la pandemia que ha introducido cambios sociales muy importantes. En nuestra Academia tenemos filósofos, juristas, economistas de muy diverso tipo. Todos, además, muy relevantes. Lo que quiero decirle que es muy importante aportar sus reflexiones al momento presente. De hecho, sobre el tema de la pandemia estamos preparando un libro que va a acoger las impresiones de varios académicos.
–Al hilo de esto, ¿no parece que los juristas deciden más que el poder ejecutivo?
–Creo que todos los países han respondido a la pandemia con esfuerzo y deseo de hacerlo bien y unas veces con acierto y otras, sin él. En España pasa lo mismo. Parece que, felizmente, nuestra sociedad es muy madura y hay ya un porcentaje alto de vacunación. Siempre he dicho que me parece muy necesario que haya una ley de pandemias para organizar bien la situación que viene del covid. Los juristas y los políticos tienen cada uno su papel determinado en un sistema democrático.
–De acuerdo, pero es que ahora son los jueces los que tienen que dar de paso decisiones de los gobiernos.
–Los jueces tienen que controlar la aplicación de la ley. Lo que no es adecuado es que los jueces tengan que autorizar previamente medidas que toman los ejecutivos.
–¿Es legalmente posible obligar a vacunar?
–Esto que me pregunta es un tema jurídicamente muy serio. Es muy importante que se establezcan mecanismos para garantizar la salud de todos. Hay que respetar los derechos individuales, pero la vacunación colectiva es algo que afecta al derecho de la salud de todos. Se da la circunstancia de que quien decide no vacunarse no solo se pone en peligro a sí mismo, también a su familia, a sus compañeros de trabajo... en esto mi criterio es muy favorable a que no vacunarse tenga consecuencias.
–Algo así a la libertad de uno termina donde empieza la del otro.
–Efectivamente. Aunque la vacuna no garantiza al 100 por ciento la inmunidad produce efectos muy positivos.
–¿Qué consecuencias debería asumir el no vacunado?
–Ya se están aplicando en algunos países alguna de ellas: no poder acceder a determinados locales, por ejemplo, pero también tiene que asumir consecuencias en el puesto de trabajo.
–¿Pueden pensar los que no se vacunan que se les coarta su libertad?
–En este debate se tiene que ponderar el derecho individual y el interés general a la salud pública. De todo esto, ya le digo, se habla en el libro que estamos preparando.
–Durante la pandemia se cambiaron las reglas de juego cada quince días. ¿Se puede mantener así la paz social?
–La pandemia ha supuesto una gran conmoción: ha generado tendencias que estaban ahí, pero sin desarrollar. Me refiero a cosas como el teletrabajo o la desaparición casi de las reuniones presenciales o el cambio de sentido de los viajes. Estamos volviendo poco a poco a recuperar las condiciones de normalidad, pero, si somos razonables, tenemos que pensar que el mundo no va a ser igual después del covid.
–Hablemos de esa ley de pandemias que ha mencionado antes.
–Debería ser una ley que saliera del consenso y de las experiencias que hemos vivido en estos casi dos años. Debería recoger la jurisprudencia. Hablo de cómo se pueden limitar los derechos, cómo se pueden ponderar unos derechos con otros, distribuir correctamente las competencias del Gobierno central y de las administraciones autonómicas porque sobre este punto también ha habido sus dudas. Esta legislación, cuanto más clara esté y mejor sepamos a qué atenernos pues mucho mejor. Ha dado la impresión de que tenemos muchas leyes que dicen cosas no digo contradictorias, pero sí difíciles de coordinar.
–Tras la anulación de los estados de alarma, ¿qué herramienta le queda al Gobierno para enfrentarse a esta sexta ola si es tan grave como aseguran?
–El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y es la institución que anuló los estados de alarma. Fue una sentencia muy ajustada, pero hay que respetarla. Si se produjera la situación que usted indica, que esperemos que no haya que llegar a ello, pues habrá que atenerse a lo que dice el alto tribunal.
–¿Sienten los juristas que la política se hace en los juzgados con mayor asiduidad?
–Es un debate muy antiguo. Hace más de un siglo que se viene discutiendo. Lo importante es que cada uno esté en el lugar que le corresponde.
