Los administradores concursales de Alu Ibérica, la propietaria de la fábrica de aluminio de San Balandrán, ya han comenzado a trabajar en la calificación del concurso de acreedores por quiebra que administran desde el pasado 9 de diciembre. La hipótesis de trabajo es calificar el concurso como “culpable”, es decir, el estado en que se encuentra la empresa no es fruto del devenir del mercado si no de una patente mala gestión. En este sentido tienen claro que los dueños de Alu Ibérica –Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho– tienen que asumir su responsabilidad. No descartan, sin embargo, ampliar esta responsabilidad a otras sociedades o personas físicas, Luis Losada de manera subrayada. Y es que Losada figuraba como administrador de la sociedad instrumental que creó Domenech para hacerse con la compañía, entre otras cosas.
Consideran que el concurso de acreedores es “culpable” por dos hitos principales. No existe contabilidad prácticamente desde 2019, es decir, desde que la multinacional Alcoa decidió que el fondo suizo Parter Capital era quien se tenía que quedar con sus fábricas. El otro hito se sustenta, dicen, en la desaparición de las cuentas de la compañía Alu Ibérica de 27 millones de euros que, según reconoció Domenech de manera pública, sirvieron para adquirir las plantas. Esta figura se llama “asistencia financiera” y quiere decir que el comprador adquiere con el dinero de la empresa que va a comprar. También estará en el informe la operación previa: las pólizas de crédito que Alcoa facilitó a Parter para que este fondo inversor pudiera cerrar la operación que ha llevado a la fábrica de San Balandrán a la ausencia de actividad y al despido de toda la plantilla. Este informe lo presentarán al juzgado de lo Mercantil que vigila el devenir de la compañía.
