La dirección de la división de automóvil de la planta de Saint-Gobain en Avilés acusó ayer a los huelguistas de impedir el acceso a la fábrica tanto de personal propio como de las contratas que se encargan de realizar, supervisar y dirigir las labores de cuidado y mantenimiento del horno y de la línea float, poniendo en riesgo “la actividad al completo”, con “la posibilidad añadida de poder sufrir un accidente industrial”. También ha denunciado que se ha impedido el acceso a algunos transportes de materias primas “imprescindibles para asegurar el correcto funcionamiento del horno”. También se impidió la salida de la fábrica de tres trabajadores “retenidos durante al menos 50 minutos contra su voluntad”. Incidentes estos dos últimos que se solucionaron, según la empresa, con la intervención de los responsables de Recursos Humanos y de la Policía.
Por segundo día consecutivo, la producción en el área de automóvil estuvo totalmente parada, según confirmó Enrique Rouget, secretario del comité de empresa (SOMA-FITAG-UGT).
Según un comunicado del comité de empresa, las contratas no accedieron por voluntad propia.
Esta huelga es la respuesta de la plantilla a la propuesta de la dirección de la multinacional francesa de presentar un expediente de regulación de empleo que afecta a un centenar de personas, de las que 42 trabajan en Avilés.
La atención se centra ahora en la reunión convocada para las 15.00 horas de esta tarde en Madrid con la dirección de la multinacional francesa en España. Los representantes sindicales exigen la retirada del expediente de despido colectivo, al ver injustificada su aplicación. De no ser así, ya advirtieron que mantendrán la convocatoria de 20 días de huelga.
El encuentro se producirá en un clima de máxima tensión, después de que la empresa enviara ayer un comunicado al comité de empresa y al de huelga recriminándoles su comportamiento, señalando el riesgo que acarrea para las instalaciones y requiriéndoles “para que, en cumplimiento de sus obligaciones y con carácter inmediato, garanticen el acceso a la planta de personas, mercancías y servicios en condiciones de normalidad y respetando el derecho de quienes no quieren secundar la huelga”. Y añadía que, de no ser así, se adoptarán “medidas legales”.
