No es momento para aventuras. Es lo que reconocen los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés de cara a la negociación de las ordenanzas fiscales que se avecina. La propuesta que el gobierno socialista planteará a los grupos no incluirá grandes sorpresas. Lo previsto es que por primera vez en mucho tiempo la contribución no suba ni un céntimo (los avilesinos pagarán por el IBI en 2023 lo mismo que en 2022, una vez vencido el plazo de la revisión catastral), y que el recibo del agua se encarezca un 10,4% (su evolución la marca el IPC de agosto, según el contrato firmado en su día). Pero con estos mimbres y la actual crisis de precios y suministros, los partidos ya van adelantando posturas a la espera de la propuesta que les presente la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.
Poco cree la oposición que se podrá hacer para evitar esa subida del 10,4% de la tarifa del agua, porque esa actualización del precio en función del IPC de agosto viene establecido en el contrato. "Lo triste de todo esto es que eso no incremente los ingresos municipales, está escrito y atado. Lo que es malo para todo el mundo, como la subida de los tipos de interés y el euríbor, es bueno para la empresa del agua", señala el concejal de Cambia Avilés Primitivo Abella. Se refiere a que estas condiciones que establece la coyuntura económica actual son favorables para que se vaya restableciendo el equilibrio del contrato, el que se mide por la tasa interna de retorno (TIR). El Ayuntamiento ya ha pagado dos millones de euros para ir corrigiéndolo.
Quien ya pone el grito en el cielo por esa previsible subida de la tarifa del agua del 10,4% es la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola: "Nos parece un escándalo que tras la aportación de dos millones de euros de los ahorros de los avilesinos a la empresa del agua, aún se pretenda subir el precio de la tasa por mucho que haya que actualizar con el IPC. Es un despropósito que Vox no apoya por mucho que venga en el contrato".
En Cambia Avilés (CA) tienen claro que incidirán, de nuevo, en la aplicación del IBI diferenciado. "Partimos de la base de que no vemos que los ingresos fiscales tengan mucho margen para el Ayuntamiento, salvo pequeños resquicios como puede ser una mayor progresividad fiscal. En un contexto donde los costes de los materiales y suministros se han disparado, y también los costes financieros de los préstamos están subiendo, creo que hay que utilizar todas las oportunidades que tienen las haciendas locales para introducir la progresividad y que paguen algo más quienes pueden hacer ese esfuerzo", plantea Abella. La confluencia también cree que procede incorporar la referencia a la nueva Ley de Vivienda que permite gravar más el IBI de la vivienda vacía. "Se aprobó en 2020 el recargo a la vivienda vacía, está incorporado a las ordenanzas fiscales pero no se aplicó. Para eso el gobierno debería llevar una propuesta de modificación del IBI", concluyó Abella.
En Ciudadanos piden moderación y cautela. "Siempre hemos apostado por la responsabilidad fiscal, con la certeza de que los impuestos, tasas y precios públicos no pueden convertirse en una losa para los ciudadanos y las empresas que conforman nuestra ciudad. Y en estos momentos más que en años anteriores", apuntó la concejala Carmen Pérez Soberón.
Y también en Vox defienden que no es momento de subir tasas o impuestos porque "los ciudadanos están en una situación límite y no son ellos, si no la administración, la que se tiene que apretar el cinturón".
El edil no adscrito, Javier Vidal García, considera que la negociación de las ordenanzas fiscales debería ir en paralelo a la del presupuesto, puesto que "hay una relación causa efecto". "Hay que buscar el equilibrio para que las cuestiones que haya que abordar en el presupuesto tengan suficiente base económica para que se puedan realizar. En cuando al IPC del agua, lo veo inevitable. Ya hubo un desfase que nos obligó a realizar una aportación extraordinaria", señala.
En el Partido Popular (PP) rechazaron realizar declaraciones sobre este asunto: "Estamos trabajando en ello".
