Traxys pide al juez luxemburgués nueva fecha para la vista contra Alu Ibérica

La multinacional Traxys –proveedora de chatarra que demandó por 30 millones de euros a las dos plantas de Alu Ibérica por daños y perjuicios porque considera que han incumplido un contrato sellado cuando las dos instalaciones fabriles estaban en manos de los investigados por la Audiencia Nacional David Domenech y Alexandra Camacho– ha solicitado al Tribunal de Comercio de Luxemburgo la suspensión de la vista prevista para hoy para poder estudiar las alegaciones que las defensas de las dos fábricas habían presentado.

Domenech presentó su acuerdo con Traxys en julio de 2020 (al poco de hacerse con la mayoría accionarial de la aluminera, cosa que sucedió en abril de ese mismo años). Dijo entonces, por medio de una nota que emitió uno de los muchos asesores de prensa con los que ha contado Domenech en estos años, que había "seleccionado" a la empresa luxemburguesa "para reforzar su estrategia y estructura comercial". Y añadió a esto, a continuación, que "con la incorporación de Traxys Group en el área comercial y de ventas, las plantas de Alu Ibérica de La Coruña y Avilés podrán maximizar sus capacidades productivas y de ventas significativamente, ser mas eficientes y favorecer el desarrollo de mercado internacional".

Las alegaciones de las defensas de las dos fábricas de Alu Ibérica –acusadas de manera solidaria– se basarán en la petición de la retirada de la demanda al considerar que la reclamación no se ajusta a la realidad. De manera subsidiaria, es decir, si el juez luxemburgués no acuerda terminar el pleito, van a reclamar dos peritajes independientes para valorar si es cierto que se produjeron daños y perjuicios al término de la relación comercial de Traxys y Alu Ibérica –en la época que estaba bajo el amparo de Domenech y Camacho– y qué cuantía tienen.

Reincorporación

La Comisión Europea propuso a comprometer una partida de 1,2 millones de euros para ayudar a recolocar a 303 trabajadores despedidos por el productor de aluminio Alu Ibérica en La Coruña, en respuesta a una petición del Gobierno español.

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