Como en la primera parte del artículo, desarrollamos la génesis y los comienzos del encierro, en esta entrega le toca el turno al desarrollo y las consecuencias que tendría en las vidas de los integrantes de esta reivindicación.
Según pasaban los días, se incrementaban los mineros que se agolpaban tanto en los alrededores del pozu Llamas como en Ablaña para mostrar su solidaridad con los encerrados, insuflando ánimo en la moral de las esposas de los encerrados. El día 24, los pozos “Tres amigos”, “Polio” y “ San Nicolás” se sumarían al paro como muestra de compañerismo, siendo menos secundado en el pozo “San Inocencio” ya que sólo se unirían a el los una parte del primero y segundo relevo.
Poco a poco, el desgaste ocasionado por el paso del tiempo iría haciendo mella en los encerrados. Ante esta situación, los trabajadores se verían obligados en comunicar vía telefonillo a las oficinas que dos de sus integrantes se hallaban enfermos, por lo que solicitaban de manera urgente atención médica. Así mismo, el ingeniero-director del pozo le comunicaría esta noticia al gobernador civil, quien rápidamente ordenó que llevasen a los enfermos a la jaula para poder ser atendidos en el exterior. Como es lógico, el recelo se apoderaría de los encerrados, quienes no tuvieron ninguna duda: si querían que fuesen atendidos deberían de bajar los médicos a la mina. Rotundamente convencidos, sólo cejarían en su empeño si el gobernador aceptaba las condiciones que habían solicitado.
Pese a la firme actitud de los encerrados, el gobernador civil ordenó que se les comunicase que no aceptaba condición alguna, como si de un chantaje se tratase, a excepción del auxilio a los enfermos que aún seguía en pié.
Ante esta situación de desgaste, los trabajadores encerrados acabarían cediendo por el bien de sus compañeros, logrando, eso sí, que fuesen los galenos quienes bajasen al interior del pozo. Así que a las 13:30 h. los médicos bajarían acompañados de los practicantes de la empresa, los señores Dionisio Cuesta Fernández y Pedro García. Pero había más pasajeros en esa comitiva, pues estos sanitarios bajarían custodiados por nada menos que la siguiente lista: un teniente de la Guardia Civil; un sargento de la misma; un guardia primero y siete guardias segundos. El resto del listado lo engrosaban dos capataces de la empresa, todo un desfile superior en número al de los encerrados.
Con la consabida angustia de descender bajo tierra, llegaron al lugar todos los citados anteriormente. Allí estaban José Manuel de la Fuente Martínez, más conocido como «Piru» y Francisco González García, apodado como «El Cordobés» en una especie de enfermería improvisada. Una vez concluido el reconocimiento médico, el cual transcurrió sin las interrupciones de los capataces y de las fuerzas del orden, el dictamen fue claro y unánime: los heridos debían de abandonar inmediatamente el lugar.
El resto de la “cuadrilla” que integraban el encierro contemplaban con preocupación la escena. Quizás, presas del miedo ante la situación de sus compañeros, se dirigieron a las autoridades para hacerles saber que en el plazo de media hora harían conocer su deliberación sobre el encierro. Para colmo, las consecuencia fisiológicas derivadas del hambre comenzaban a hacer estragos, pues llevaban dos días, que se dicen pronto, sin probar ni un sólo bocado.
Transcurridos los treinta minutos, los mineros hacían firme su decisión de abandonar el encierro, pidiendo tan sólo asearse para volver a casa donde les esperaban sus familias. Pero el gobernador civil, que en ningún momento se avino a negociar, mucho menos lo haría para comprometerse de forma alguna. Debían abandonar el pozo con la incógnita de lo que les depararía la luz del exterior, donde les esperaban varias ambulancias del Hospital Provincial para ser puestos en observación.
El último lo haría a las tres y catorce minutos, de la misma forma que sus compañeros: con los ojos cubiertos por un capuchón, en previsión de que les hiciera daño la luz solar. Aparentemente, los once mineros se hallaban en buen estado, como prueba el hecho de que todos llegaron a pié al botiquín. Allí, la fuerza pública les registró e hizo inventario de cuantos utensilios iban provistos. Aún escuchaban con fuerza los gritos de apoyo que recibirían de sus mujeres y de toda la familia minera, lo que de algún modo los convertía en vencedores morales de aquella batalla. Se sumaba a esas muestras de cariño, el dueño del Bar Conde de Ablaña, quien les llevó un caldo a modo de reconstituyente para que pudieran aguantar el largo trayecto que aún les quedaba.
Cuentan los testigos visuales que subían los mineros en varias ambulancias, todas ellas escoltadas minuciosamente por la policía armada, la cual no tenía un camino de rosas por delante, ya que una vez recorridos unos pocos kilómetros, a la altura de La Rebollada, se verían obligados a detenerse pues un grupo de mujeres aguerridas habían cortado la carretera como señal de protesta. Lógicamente, la carretera no tardaría en ser despejada, por lo que no se pudo impedir el traslado, rumbo al Hospital Provincial de Oviedo vía El Padrún.
Mientras, las autoridades convinieron que sería necesaria en el pozo de Llamas la actuación de la Brigada de Salvamento Minero del Valle del Caudal, la cual tenía su “cuartel” en Barredo, para hacer un reconocimiento de la explotación que lleva seis días en paro. Por ello, reconocieron todos los pisos, plantas y transversales del pozo, provistos de sus equipos de salvamento, detectando grisú en varios recovecos de la mina.
Según pasaban las horas se seguían sucediendo las noticias, siendo esta vez más positivas, pues según confirmaría un portavoz del hospital, todos los trabajadores estaban en buen estado. Eso sí, quedaba terminantemente prohibida su visita, pues estaban a disposición judicial. Es por eso, que el sábado serían conducidos a la Jefatura Superior de Policía tras haber recibido el alta médica. Tras una breve estancia en dicha jefatura, ingresarían en la cárcel provincial de Oviedo, decretando el juez, afortunadamente, su libertad provisional a los días de verse privados de libertad.
Poco a poco Mieres iba encontrando la calma con el inicio de la semana. Tanto los talleres de mantenimiento de Fábrica de Mieres, como los trabajadores del Pozo Barredo, habían recuperado la tranquilidad tras las protestas, existiendo algún revuelo aún en “Tres Amigos”, “San Nicolás” y “Polio. Algo comprensible al calor de las cifras que no tardarían en hacerse públicas: más de 6.000 trabajadores habían secundado el paro. Una cifra considerable de la que buena parte, como ocurriría con los trabajadores de la fábrica, se vería privada de la parte correspondiente del jornal, a la que deberían de sumar una sanción laboral que representaba la séptima parte de los treinta días de jornal simplificados, no quedando ahí la cosa, pues se les advertía, además, que de no presentarse al trabajo, continuarían las sanciones en la proporción que determinaba la reglamentación de trabajo para las minas de carbón.
Pero aún podían ponerse peor las cosas, pues su sucedían las sanciones impuestas por las empresas afectadas por los paros de esos días. Un caso de notable relevancia, sería el de Enrique Suárez, quien sería cesado de forma fulminante de su puesto como presidente de la Sección Social del Sindicato del Combustible de Mieres.
Este sindicalista era vocal provincial, además de vocal nacional de la Sección Social del citado sindicato y miembro de la Comisión Permanente de la Sección Central.
Este sindicalista se vería sancionado doblemente, ya que fue despedido de su trabajo en Nicolasa, perdiendo, por tanto, su modo de vida, junto a otros cuatro representantes sindicales. En total, serían expulsados nueve personas entre Fábrica de Mieres, y el pozo Mina Tres Amigos, al entender como si fuera un delito el apoyar a los encerrados. Afortunadamente, el 20 de abril, la Magistratura fallaría a favor de los encausados ordenando ser readmitidos en su trabajo, exigiendo que recibieran además sus sueldos con carácter retroactivo.
Como consecuencia del fallo judicial, la delegación de sindicatos de Mieres anunciaría, el 28 de abril, a los medios de comunicación un paro de un mes en la mina “Llamas” tras haber sido refrendado por el delgado provincial de Trabajo. Los servicios mínimos se dedicarían a las labores de conservación. La empresa utilizaría ese paro para reparar las averías sufridas durante el período de inactividad, poniendo en marcha algunas labores paralizadas durante el encierro. Durante ese tiempo, los 850 trabajadores que prestaban servicio en el pozo, recibieron el subsidio de paro.
No sería hasta el 17 de abril de 1968, cuando se celebraría en Madrid ante el Tribunal de Orden Público el juicio contra los mineros del encierro de Llamas. El fiscal los acusaría de delito de coacción, pidiendo para cuatro de ellos, cuatro meses de arresto y quince mil pesetas de multa y para los restantes dos meses de arresto y cinco mil pesetas de multa. Por su parte, los ocho abogados que se ocupaban de la defensa de los enjuiciados solicitaron su absolución, basándose en que sólo pretendían llamar la atención sobre su situación económica, pero que no recurrieron a la violencia ni efectuaron actos de coacción. De los once encerrados, sólo Emilio Baude no sería juzgado, pues había emigrado a Bélgica. Transcurrido el juicio, el Tribunal de Orden Público condenaría por coacciones a seis meses de arresto y a quince mil pesetas de multa a Manuel Álvarez Avin, Oscar García Pérez, Francisco González García y José Pérez Martínez, los cuales tenían antecedentes sindicales –aunque el régimen los calificaba de penales– y a José Manuel de la Fuente Martínez, José García Bernardo, Manuel García Solís, Manuel Rodríguez Rodríguez, Herminio Sánchez Cantora y Manuel Suárez González, a dos meses de arresto y cinco mil pesetas de multa.
Sentencia judicial
Esta sentencia del Tribunal de Orden Público sería recurrida por los condenados, siendo desestimados sus recuerdos por el Tribunal Supremo a fecha de 14 de abril de 1970.
Después de estos hechos, las grandes empresas se negarían a darles trabajo, teniendo cada uno que buscarse la vida como pudo. La normalidad laboral para estos trabajadores llegaría a la par de la reconciliación nacional con la histórica amnistía de 1977, la cual culminaba un proceso de medidas de gracia con la ley 46/1977, de 15 de octubre. Felizmente, estos trabajadores se incorporarían a las minas donde habían sido despedidos, encontrándose ya la mayoría bajo el acrónimo de Hunosa.
En síntesis, el encierro del pozo Llamas fue un importante ejemplo de lucha sindical en el que se pusieron a prueba los límites impuestos por el régimen. Con este encierro, el cual se sumaba a algunos hechos más, se empezó a observar cierta debilidad entre aquella prolongada dictadura que gobernaba el país con desafiante mano de hierro. Se puede decir, que emergió de esta forma una identidad sindical que inició el despertar de una sociedad que llevaba muchos años dormida. Además, comenzó un nuevo modus operandi en algunos partidos y sindicatos que aún eran considerados como ilegales. Además, se trata de una historia inédita jamás relatada en prensa y que mediante dos artículos, me he atrevido a relatarles con una única premisa, la de que la lucha de estos trabajadores, sus esposas y la de todo nuestro pueblo no caiga en el olvido.
