El juez obliga a Siero a devolver descuentos a dos empleados

El Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo ha vuelto a fallar a favor de los trabajadores laborales del Ayuntamiento en el conflicto generado por los descuentos de las nóminas de las cantidades pagadas en en salarios y prestaciones sociales por encima de lo permitido por la ley entre los años 1999 y 2001.

Dos trabajadores presentaron una demanda reclamando que no se les aplicasen los descuentos porque eran ilegales y el Juzgado les ha dado la razón. El Ayuntamiento había obligado a uno de ellos a devolver 3.201,20 euros por las cantidades pagadas de más, junto con 573,64 euros de intereses. El otro trabajador estaba obligado a devolverle al municipio 2.254,83 euros, más 393,19 euros de intereses. Ninguno de los dos tendrá que restituir estas cantidades.

Esta no es la primera sentencia que les da la razón a los trabajadores. Hay otros dos fallos en los que el municipio se ve obligado a rectificar. El argumento es siempre el mismo: el Ayuntamiento tardó demasiado en aplicar las devoluciones. El municipio basaba la devolución en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaraban nulos los acuerdos plenarios que aprobaron los incrementos salariales. Estas sentencias fueron firmes en enero de 2005.

Pero el Ayuntamiento de Siero, gobernado entonces por el PSOE, no aplicó el decreto que imponía los descuentos del dinero de las nóminas de los trabajadores hasta abril de 2008, más de tres años después, lo que, finalmente, ha resultado determinante para que ganaran el pleito los trabajadores.

Porque, si bien el Juzgado considera que la devolución de las cantidades pagadas de más puede hacerse mediante los descuentos de las nóminas, también señala que la obligación está prescrita porque el plazo de prescripción aplicable en este caso es de un año. El sindicato USO propuso presentar treinta casos de trabajadores laborales al Juzgado de lo Social y, hasta ahora, todo lo que se ha interpuesto por esa vía está teniendo éxito. Curiosamente, otro número similar de trabajadores laborales presentó la demanda por la vía contencioso-administrativa y el tribunal no les dio la razón, con lo que han tenido que seguir sufriendo los descuentos.

Los trabajadores laborales que han recurrido por la vía de lo Social son una minoría. Son más de 200 los empleados a los que se ha impuesto el descuento. El Ayuntamiento habría pagado de más a los trabajadores un total de 646.654 euros, que deberán devolverse al municipio, con la suma de 116.158 euros de intereses, lo que hace un total de 762.812 euros.

Los alcaldes que estaban al frente del municipio cuando se firmaron los pagos indebidos, Juan José Corrales y José Aurelio Álvarez, aún se encuentran a expensas de que la justicia decida si caerá sobre ellos la responsabilidad de devolver el dinero.

Un fallo del Tribunal de Cuentas responsabiliza a Juan José Corrales de la devolución de 692.912,23 euros y a José Aurelio Álvarez, de 54.805,55 euros. No obstante, de estas cantidades hay que descontar las que los trabajadores han ido devolviendo. Hay que tener en cuenta que el período de devolución termina el próximo mes de julio. El fallo ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo y la sentencia podría llegar después de julio. Sin embargo, queda por determinar quién pagara las cantidades que los laborales ya no tienen que devolver.