El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), defendió en la jornada de ayer su gestión en la guerra abierta que mantiene con la Policía Local de Siero desde hace un mes. El sindicato SIPLA -mayoritario dentro del cuerpo- presentó una denuncia contra él por amenazas, coacciones, prevaricación y obstrucción a la justicia, todo ello apoyado en la grabación de una reunión entre el regidor y un agente.
García afirma que, aunque no recuerda con precisión todo lo que dijo, no tiene constancia "de haber amenazado a nadie". Apunta que en algún momento pudo "perder un poco las formas" y por ello "pido perdón". Sin embargo, insiste en que "hemos detectado irregularidades graves y, en cumplimiento de mi responsabilidad, no puedo dejarlo pasar, aunque me cueste tener problemas".
Lo que denomina problemas son, básicamente, las dos manifestaciones organizadas por el sindicato a la puerta del Ayuntamiento durante los últimos dos plenos municipales y la denuncia que interpusieron contra él. Esta va acompañada de una grabación de audio, correspondiente a la reunión que mantuvo en su despacho con un agente del cuerpo y en la que, según el sindicato, le habría amenazado y coaccionado para que declarara contra el ya exjefe de la Policía, José Enrique Fernández -a quien se urgió a presentar su dimisión- y contra otro mando, a cambio de librarlo a él.
Respecto de la grabación, García indicó que no tiene que ocultar nada de lo que dice, por lo que "estoy dispuesto a que me graben". Y es que, según subraya, "aunque no recuerdo literalmente lo que dije, no tengo la impresión de haber amenazado a nadie".
Su gestión del conflicto ha enfadado al cuerpo municipal, que entiende que las decisiones que tomó son "una revancha" por sus manifestaciones. Unas movilizaciones en las que solicitan que se aumente la plantilla -principalmente para cubrir las jubilaciones y cambios de destino-, que se les dote de un nuevo cuadrante ajustado a la legalidad y mejoras en las dependencias de Pola de Siero.
Frente a esto, García mantuvo ayer la misma postura que viene sosteniendo desde la primera movilización: "Existen irregularidades muy graves en lo que se refiere a vacaciones, horas extra y absentismo injustificado. Como alcalde, por la ciudadanía, mi responsabilidad es solucionarlo y no mirar para otro lado", sostiene.
Esta es la justificación de los movimientos que el gobierno municipal ha venido realizando desde aquel primer encontronazo, el día 30 de noviembre. Una serie de decisiones que incluyen cerrar las dependencias del cuerpo en Lugones, centralizando el servicio en Pola de Siero, hacer que los agentes tengan que fichar y urgir el cese del comisario jefe Fernández, como responsable de la gestión de los cuadrantes.
La cosa no quedó ahí y se abrió una investigación municipal para depurar más responsabilidades dentro del cuerpo. Esta se basa en tratar de reconstruir los cuadrantes de trabajo de los agentes -que fueron destruidos- a través de los partes diarios que cada uno debe de hacer. En ese contexto, tal y como apuntó ayer García, se llamó a declarar a dos agentes.
Por el momento, la investigación sigue en marcha y el propio regidor no descarta la posibilidad de que las irregularidades acaben siendo denunciadas en la Fiscalía: "Estamos siendo asesorados por nuestro servicio jurídico y se seguirán los cauces legales", indicó.
En todo caso, García recalca que "hago esto porque es mi responsabilidad para con los vecinos de Siero y mi función como alcalde. Por las irregularidades, alguien tendrá que asumir la responsabilidad", concluye.
