El juzgado de Instrucción número 4 de León terminó ayer con las declaraciones de los imputados por la muerte de seis mineros en el pozo Emilio, en Pola de Gordón (León), a excepción del presidente de la Hullera Vasco Leonesa, Antonio del Valle, el vicepresidente, Arturo del Valle, y el ejecutivo Aurelio del Valle, que lo harán el próximo día 29. Tanto los directivos, como los técnicos y responsables de seguridad, optaron por ofrecer la versión de la compañía, negando a la mayor cualquier fallo en la explotación que diera lugar al suceso. Tan sólo un vigilante, el del tercer relevo, había asegurado que se "veía bóveda en el muro" de la mina, lo que apuntaba un riesgo "evidente", según los representantes legales, por metano.
La ronda de declaraciones comenzó el pasado día 1 con dos de los directivos de la Hullera Vasco Leonesa, que se acogieron al informe de la empresa que apuntaba como la causa del siniestro a una "emisión súbita de metano". Tras los directivos, también fueron pasando por el juzgado ingenieros y técnicos, quienes aludieron a un "desprendimiento espontáneo". Esta versión es la misma que el informe que la Hullera Vasco Leonesa había presentado ante la Comisión de Seguridad meses después del suceso. El estudio apuntaba a "una emisión súbita de metano que tuvo un alcance imprevisible en su magnitud y consecuencias", como causa del accidente. El documento matizaba, además, que el lugar donde ocurrió el accidente, el macizo séptimo del pozo Emilio del Valle, "cumplía las condiciones de seguridad referentes a la normativa vigente".
Junto a la versión oficial de la compañía minera existen otros dos informes: uno elaborado por la Dirección general de Minas y otro de un perito independiente, un catedrático de la Universidad de Oviedo, a petición del propio juzgado leonés. Estos dos documentos señalan a "la caída de la bóveda donde se encontraban los mineros" y a "un error en la ventilación" como causas probables del fatal siniestro. Esto, como habían apuntado desde la acusación, "viene a explicar que faltaban las medidas de seguridad en la mina donde se produjo el accidente", apuntaba el letrado Antonio Pineda, que representa a la viuda de Juan Carlos Pérez, vigilante fallecido en el accidente minero.
Versiones opuestas
Los abogados de la acusación particular, entre los que también se encontraba la letrada Silvia Martín, que representa a Juan Manuel Menéndez Montero, el minero turonés que resultó herido en el suceso, llegaron a manifestar su "sorpresa" por este tipo de declaraciones, totalmente opuestas a la versión ofrecida por los trabajadores del pozo durante las testificales. De hecho, dos de los declarantes, el subjefe del Grupo Tabliza y un vigilante de primera de interior, que habían abandonado la explotación minutos antes del suceso, también llegaron a contradecir a sus compañeros asegurando que "la bóveda que se vino abajo y provocó el accidente era normal en una explotación como el pozo Emilio y que, en cualquier caso, se encontraba en el postaller y no donde los trabajadores estaban realizando las tareas de extracción".
