Mieres / Langreo,

Carmen M. BASTEIRO

Cómo cambian las cosas. Los alcaldes de Mieres y Langreo, ambos de Izquierda Unida, expresaron hace unos días su "preocupación" por el hecho de que los fondos mineros no mantuvieran su "adicionalidad". Es decir, que otras administraciones y Hunosa pretendan financiar sus propios proyectos con cargo a las partidas del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Unas declaraciones de las que ahora el PSOE se desmarca. Pero, según ha podido saber este diario, no siempre fue así. En 2014, con el PP al frente del Ejecutivo central, los alcaldes de las comarcas mineras se dirigieron en bloque al Gobierno de España con una serie de alegaciones al reparto de fondos del plan 2013-2018. Lo hicieron a través de la Asociación Comarcas Mineras (Acom), en un documento al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

Los alcaldes estaban preocupados por el reparto de fondos. Así lo expresan en distintos puntos, como el que recoge la "continua referencia tanto en el Plan como en este borrador a la restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera". Sentencia que, finalmente, no se cambió en el documento definitivo. Para Acom-España, esa afirmación supone que "se atribuye a las comunidades autónomas y entidades locales, dentro del ámbito de la reactivación, y que sin embargo (...) se exige a las empresas, dentro de las ayudas destinadas específicamente a cubrir pérdidas de producción corrientes". Estas son "impacto ambiental, ámbito de eficiencia energética, energía renovable o captura y almacenamiento de CO2".

"Estas actuaciones, por lo tanto, se atribuyen directamente a las ayudas al cierre de la que se benefician las empresas", afirmaban entonces los alcaldes, en clara referencia a Hunosa.

En este punto, el documento es rotundo: "Desde Acom-España, se entiende que la titularidad de la rehabilitación corresponde a las empresas y que, para ello, se habilitarán las ayudas correspondientes". "Las ayudas a la reactivación a Comunidades Autónomas y Entidades Locales deberían por tanto centrarse en el concepto de infraestructuras, siendo competencia de las empresa lo referido a la rehabilitación", añaden.

Las ayudas fueron, finalmente, "muy limitadas", denunció hace unos días el alcalde de Aller, David Moreno. Según el regidor, sólo permiten financiar ampliaciones de polígonos ya en marcha (como el de Villallana, que recibió 5 millones de euros), saneamientos y mejora de eficiencia energética en edificios públicos. También el acondicionamiento de zonas degradadas, tal y como ya incluía el primer borrador al que se dirigieron las alegaciones.

Y la rapidez en los trámites, preocupaba antes y ahora. El documento de Acom recoge que "el plan debería haber empezado a aplicarse en el 2013, y ya vamos con dos años de retraso". Ahora ya es un lustro. También exigían la obligatoriedad de que "la actuación, una vez firmada, pueda ejecutarse hasta su finalización, asegurándonos la opción de prorrogar la infraestructura". Medida destinada a no seguir acumulando deudas de los fondos mineros. Desde que se paralizó la inversión, según Acom a Asturias se le adeudan mil millones.