La central térmica de Lada se encuentra a la espera de recibir el permiso del Gobierno (solicitado hace ya casi dos años) para proceder a la clausura y desmantelamiento de la planta. Aunque esa autorización se retrase, el cierre del complejo termoeléctrico langreano no tiene marcha atrás ya que la central no está remodelando sus equipos para adaptarse a la nueva normativa ambiental europea, que entra en vigor en junio de 2020. Por tanto, en esa fecha debería cerrar por exceso de emisiones.

La térmica apenas produjo electricidad una semana desde el mes de enero y la previsión es que esa tendencia se mantenga de forma indefinida hasta que llegue la clausura definitiva. El volumen de plantilla también ha ido cayendo en los últimos meses. Cuando se planteó el cierre, a finales de 2017, tenía 90 operarios. Según señaló Ángel García Montes, secretario general de la unión comarcal de UGT en el Nalón, "actualmente ya rondamos los 64, con los últimos traslado que ha habido".

La previsión de Iberdrola, una vez que consiga el permiso de cierre, es recolocar a parte de la plantilla en otros centros de trabajo. El resto se ocupará del desmantelamiento de las instalaciones de Lada. Una vez finalizadas las labores de desmontaje, en un plazo de cuatro años, estos trabajadores también serán recolocados. Iberdrola se ha comprometido a acometer una "mejora paisajística" en la zona, en la que quedará liberados 264.000 metros cuadrados.

El desmontaje de la central langreana y de la planta de Velilla (Palencia) supondrá para Iberdrola un desembolso de 35 millones de euros. En los últimos años, la compañía vasca había hecho millonarias inversiones para adecuar estas dos plantas a las normativas medioambientales de emisiones de gases.