La polémica surgida en torno a la nueva gestión de la perrera de Mieres, con los voluntarios enfrentados con la empresa que ha ganado el concurso, denota a juicio del PSOE que no existe por parte del equipo de gobierno "un control ni una exigencia en el cumplimiento efectivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la valoración de las cláusulas sociales en la adjudicación de contratos".
Los socialistas denuncian que en los criterios de adjudicación de los contratos realizados por el Ayuntamiento de Mieres "siempre aparece el de menor precio como el determinante, lo que no garantiza un equilibrio entre precio y calidad, ya que la oferta más económica no siempre es la mejor". El principal grupo de la oposición recalca que la ley "señala claramente que son los órganos de contratación los encargados del establecimiento de los criterios de adjudicación, por tanto, de la elección de las fórmulas que se apliquen en cada caso, de la ponderación de las mismas fijando una banda de valores con una amplitud adecuada". Es decir, "que quien aprueba las bases de los contratos y la adjudicación de los mismos en el Ayuntamiento de Mieres es el equipo de gobierno de IU, y por tanto, quien ha decidido que sea el precio más barato el decisivo".
"Entendemos que la responsabilidad del uso de los fondos públicos es imprescindible, al igual que es imprescindible prestar un buen servicio a la ciudadanía, y ambas fórmulas son compatibles", afirma la edil Gloria Muñoz.
