Diez años de la última tragedia minera: los seis muertos del pozo Emilio, uno de ellos asturiano, cuyos familiares todavía esperan sentencia

Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias -natural y vecino de Pola de Lena- y Roberto Álvarez. Son los nombres de los seis mineros que el 28 de octubre de 2013 perdían la vida en la última gran tragedia de la minería del carbón en España. Se producía en el pozo Emilio del Valle, en Santa Lucía de Gordón (León), que era propiedad de la Hullera Vasco Leonesa. Un escape de 17.000 metros cúbicos de grisú, el volumen equivalente a siete piscinas olímpicas inundó la planta séptima de la explotación, cobrándose la vida de los seis mineros y dejando heridos a otros ocho, entre ellos otro asturiano, el turonés Juan Manuel Menéndez, que sufre gravísimas secuelas por la inhalación del gas. El juicio está visto para sentencia, pero más de medio año después, las familias de las víctimas siguen esperando que el juez se pronuncie.

Tras casi una década de investigaciones, trámites, aplazamientos y suspensiones, el pasado febrero arrancaba el juicio contra los dieciséis investigados por aquel accidente. Entre ellos, la cúpula de la Hullera Vasco Leonesa. Terminaba el 30 de marzo, y a día de hoy, la Justicia todavía no se ha pronunciado, haciendo aún más larga y dolorosa la espera y la agonía de las familias de las víctimas.

Pero, ¿qué ocurrió hace una década en aquella séptima planta del pozo Emilio del Valle? ¿Fue evitable el accidente? Son las preguntas que durante el juicio se intentaron responder por parte de los testigos, y con informes y peritaciones de profesionales, que vinieron a concluir que la empresa estaba jugando "a la ruleta rusa" al explotar esa capa.

Uno de los puntos esenciales del juicio estuvo en determinar si se había formado "bóveda", algo que indicaría que la explotación debería de haberse parado antes del accidente. No hubo consenso entre los expertos, pero lo que quedó de manifiesto, tal y como se recogió en un informe de la Facultad de Minas de la Universidad de Oviedo, es que el pozo ya había dado "suficientes avisos" para dejar de trabajar en ese taller. Y es que en los días previos al accidente, los trabajadores que trabajaban en esa zona de la planta séptima interrumpieron su actividad al menos media decena de veces debido a las altas concentraciones de metano (grisú) que había dado el medidor. Que la zona no era segura lo atestiguaron también los propios trabajadores. Incluso un ingeniero había sido despedido unos meses antes del accidente por alertar del riesgo de que se produjese una fuga fatal, como desgraciadamente ocurrió.

Dolor

Durante el juicio, los mineros supervivientes y compañeros de los fallecidos también relataron el infierno que vivieron aquella fatídica jornada de hace diez años. Y es que cuando quisieron entrar a la séptima a rescatar a sus compañeros, les fue prácticamente imposible. La concentración de grisú apenas dejaba un dos por ciento de oxígeno, lo que hacía imposible respirar en esa capa. Ni siquiera con los autorrescatadores, que no podían encontrar aire limpio para funcionar correctamente.

Las familias siguen una década después reclamando justicia para sus muertos. El Fiscal ha solicitado tres años y medio de pena para los acusados, y en el último día del juicio pidió retirar los cargos que se habían investigado para los tres vigilantes, quedando en trece los acusados por el Ministerio público. Una pena que no va a aliviar ni mucho menos el dolor que sufren esas familias: esposas, padres, hermanos o hijos cuya vida se rompió para siempre.

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