Oviedo
España vulneró el artículo 43.º de la Comisión Europea al imponer restricciones al establecimiento de superficies comerciales, sobre todo en Cataluña, mediante sucesivas normas aprobadas por los gobiernos del país en 1996 y en 2005 y 2006.
Así lo acaba de sentenciar el Tribunal de Justicia de la Comisión Europea, que ha dado la razón a la Comisión Europa en su demanda contra España, país al que a su vez apoyaba Dinamarca.
Las normas españolas que limitan la implantación de grandes superficies para proteger al pequeño y mediano comercio han sido objeto de constante controversia.
Asturias ha sido calificada por la Comisión Nacional de la Competencia como una de las autonomías más intervencionistas en la regulación y más proteccionistas del pequeño comercio frente a las grandes superficies. Cataluña también lo es por el gran peso social de los «botiguers» (comerciantes) en el tejido económico de esa región.
El pasado julio el Gobierno español aprobó el proyecto que reforma la ley de Ordenación del Comercio Minorista, que, si bien liberaliza en teoría las implantaciones, introduce, a través de varios resquicios, que las autonomías puedan seguir bloqueando o condicionando nuevas aperturas, sobre todo de grandes superficies en virtud del impacto que la gran superficie proyectada tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio artístico.
El Tribunal Europeo considera lesivas dos leyes y dos decretos. Se trata de diversos artículos de las leyes 7 de 1996 y 18 de 2005 y de los decretos 378 y 379 de 2006 que desarrollaron la ley de 2005, que se refieren bien al ámbito nacional o específicamente a la comunidad autónoma de Cataluña.
El nuevo Gobierno catalán, de CiU, perseverará, sin embargo, en la protección de los pequeños y medianos comerciantes. Artur Mas, presidente de la Generalitat, prepara una nueva normativa para restringir la implantación de centros, con lo que pone fin al proceso liberalizador que había emprendido, hace sólo un año, el anterior Ejecutivo tripartito, presidido por el socialista José Montilla. El respaldo de los «botiguers» o comerciantes fue una de las promesas electorales de la coalición nacionalista CiU en los últimos comicios.
