Alcoa se ha comprometido a ofrecer un plan social para alcanzar el mejor acuerdo posible para la compañía y los trabajadores y mitigar el impacto del cierre. La memoria que esgrimió en 2014 para justificar los despidos colectivos de Avilés y La Coruña ya recogía un esbozo de las medidas que la multinacional pretendía aplicar de echar definitivamente el candado, entre ellas recolocaciones y ayuda para encontrar otros puestos de trabajo.
La primera son medidas de recolocación interna o externa, en el primer caso condicionados a la existencia de vacantes y un posible mantenimiento transitorio de algunos empleos en un proceso gradual de cierre de plantas. Alcoa también se ofrecía en 2014 a liderar y sufragar un plan de recolocación externa con un periodo mínimo de seis meses, que incluiría medidas de formación y orientación profesional, atención personalizada a los trabajadores afectados y búsqueda activa de empleo a través de empresas de recolocación.
La multinacional se mostraba entonces abierta a analizar y negociar indemnizaciones superiores al mínimo legal que recoge la normativa vigente.
Todos estos puntos, cabe destacar, eran la base inicial de negociación que planteaba la multinacional estadounidense Alcoa para ese plan social del que ahora se vuelve a hablar.
