Cruce de acusaciones y reproches entre las cadenas asturianas de supermercados y los sindicatos en vísperas de que comience una huelga de ocho días (jornadas del 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31) en el sector por culpa del bloqueo que sufre la negociación del convenio colectivo. Las centrales denuncian que los supervisores de las tiendas están presionando a los trabajadores para conocer si van a dejar de trabajar esos días. "Es algo que es absolutamente ilegal, no hay ninguna obligación de realizar una comunicación previa a la empresa", resaltaron los representantes de los empleados mediante un comunicado. Por su parte, Alimerka, la compañía de mayor peso en la Asociación de Supermercados de Asturias (Asupa), asegura que ha hecho un esfuerzo "máximo" durante este año planteando nuevas subidas salariales e importantes medidas sociales. Y añade que "aceptar los planteamientos que piden los sindicatos obligaría a aumentar un 24,68% los costes económicos". A la huelga están llamados 12.000 trabajadores de 350 supermercados asturianos.
La tensión es palpable y las diferencias en las posiciones de ambas partes parecen un abismo. Los sindicatos exigen que los veinte minutos de descanso que hay en cada jornada laboral (para desayunar o merendar) computen como tiempo de trabajo y que se retribuya la antigüedad con una revisión de los salarios cada cuatro años. Es ahí donde a los supermercados no les salen las cuentas. Según las realizadas por Alimerka, que el tiempo de descanso sea considerado como trabajo supondría una carga del 4% sobre las cuentas y el cambio de categoría añadiría un 8% más a los cálculos. Los sindicatos replicaron señalando que los beneficios netos de Alimerka en 2018 llegaron a los 9,5 millones de euros, con un reparto de 3 millones de dividendo entre los accionistas. La cadena asturiana subraya que asumir las reivindicaciones de la plantilla supone en total un aumento de costes del 24,68% en cuatro años y "significaría incurrir en un impacto tan fuerte que desestabilizaría los balances de las empresas, las haría entrar en pérdidas, cuestionaría un modelo que se ha revelado de éxito, que ha sostenido y generado empleo en la mayoría de los casos y dificultaría mucho su viabilidad".
Dentro de las tiendas, los sindicatos denuncian que los trabajadores están recibiendo amenazas por parte de sus superiores sobre "las consecuencias que tendría para su futuro laboral en la empresa el seguimiento o no de las movilizaciones". Y denuncian también que algunas compañías se están organizando para cubrir los puestos que dejen vacantes los trabajadores que vayan a la huelga, algo que, denuncian, "es ilegal". Las centrales también aseguran que han denunciado todas estas prácticas ante la Inspección de Trabajo.
El grupo El Arco intentó poner distancia ayer con el conflicto. La cadena defiende que ya comunicó a la plantilla una oferta para que los trabajadores puedan ir sumando antigüedad mediante un sistema de cambios de categoría. Esta compañía, que engloba también a las marcas El Economato, La Quinta y Congelados Pingu, manifestó también que ni es socia de Asupa ni está participando en las negociaciones con las organizaciones sindicales.
