Las centrales de cogeneración, plantas energéticas de las que existen veintidós en Asturias, tendrán una merma de ingresos superior al 30% desde este año, según la estimaciones que el sector ha hecho acerca del impacto de una orden del Ministerio de Transición Ecológica. El departamento dirigido por Teresa Ribera ha suavizado el recorte que propuso inicialmente, pero no en la proporción necesaria para preservar la competitividad de las empresas, explicó ayer la patronal Acogen.
Esta organización empresarial formuló alegaciones a la propuesta del Gobierno para fijar las retribuciones que, con cargo a la factura eléctrica, recibirán las plantas eólicas, solares, de cogeneración y de residuos que están acogidas al antiguo sistema de primas. Estas instalaciones reciben un suplemento por encima del precio que fija el mercado, por su contribución a la generación limpia en unos casos y a la eficiencia energética en otros. Los parámetros de esa retribución extra se revisan cada seis años y ahora se han decidido los que se aplicarán en el período 2020-2025. Y se confirma que, aunque habrá recortes en todas, la cogeneración es la tecnología que más pierde.
"El Ministerio ha aceptado incluir pequeñas correcciones, pero no los cambios de carácter estructural que planteamos", explicó a este diario Javier Rodríguez, director general de Acogen, que agrupa a las empresas cogeneradoras. Entre ellas, las agroalimentarias Capsa, Ilas y Nestlé, por citar tres de las empresas con centros productivos en Asturias a las que afecta el recorte de la cogeneración. De acuerdo con los cálculos de Acogen, la merma de ingresos para este año para todas las plantas españolas será de unos 400 millones, frente a los 450 que suponía el plan inicial. El ajuste para el conjunto de tecnologías será de 921 millones, informó el Gobierno, de forma la cogeneración, que recibe el 17% de los subsidios, soportará más del 40% del total.
La diferencia de 50 millones respecto al plan inicial, añadió Javier Rodríguez, no resuelve las incertidumbres sobre la viabilidad de muchas plantas ni las "tensiones financieras" a las que se somete a las industrias que usan la cogeneración en sus proceso productivos, pertenecientes a variopintos sectores (alimentario, cerámico, químico, maderero...). Empresas asturianas como Capsa y Maderas Siero habían advertido de que, sin un cambio de alcance en el planteamiento del Gobierno, sus centrales de cogeneración podrían ir al cierre.
Javier Rodríguez precisó que el Gobierno sí se ha prestado a mantener el diálogo abierto para mejorar ciertos aspectos de la regulación, como la revisión ahora trienal de la remuneración de las plantas para adecuarla a las variaciones de los precios del mercado. La patronal quiere negociar un "marco estable" que favorezca que las empresas inviertan en sus instalaciones para alargar la vida útil. Más de 40 centrales que suman 500 megavatios cerrarán en los próximos dos años si no se producen esas inversiones.
