El Consejo de Ministros aprobó hoy mediante un Real Decreto el tan ansiado por la industria asturiana Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que dotará a algunas empresas industriales, aquellas en las que el precio de la electricidad resulta crítico, de una serie de ayudas para mejorar su competitividad internacional. El Principado mostró su descontento con el estatuto, que no satisface las necesidades de la industria asturiana.
La ministra de Industria Reyes Maroto señaló que “el Estatuto del Consumidor Electrointensivo es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno de España mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión industrial al contar las empresas, por primera vez, de un marco normativo de reconocimiento a estos consumidores, con nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía. El Estatuto va a beneficiar a 612 empresas de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores, y junto con las Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, supondrán un nuevo marco legal al servicio de la gran industria”.
El Estatuto va a beneficiar a 612 empresas de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores, y supondrán un nuevo marco legal al servicio de la gran industria, dice el Gobierno
La ministra Maroto recuerda que “los principales países de la UE ya han puesto en marcha marcos normativos de reconocimiento a estos consumidores, por lo que es necesario que nuestro país ponga en marcha el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para corregir la desventaja competitiva que origina a las industrias que operan en nuestro país no contar todavía con un marco de esta naturaleza”.
Los objetivos principales del Estatuto son dotar a los consumidores electrointensivos de un marco jurídico y económico para el suministro eléctrico que les ayude a mitigar los efectos adversos de sus altos costes energéticos, conforme a la normativa comunitaria, y potenciar la competitividad de la industria, el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad.
El Estatuto impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, que los consumidores electrointensivos habrán de asumir para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos. Cabe destacar también la obligatoriedad de mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.
Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo energético anual de la empresa deberá haber sido superior a 1 GWh durante dos de los tres años anteriores
Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo energético anual de la empresa deberá haber sido superior a 1 GWh durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas correspondientes al periodo tarifario valle (el más barato) debe ser de al menos el 50% de la energía total consumida. El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que se inicia a solicitud del interesado.
Entre esos mecanismos de apoyo destinados a reducir los costes energéticos figuran un mecanismo de compensación de ciertos cargos repercutidos en los costes de la electricidad hasta un máximo del 85 por ciento de los costes imputables en los cargos —repercutidos en los precios del suministro de electricidad— por la financiación de los costes de energías renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (TNP). La compensación de los TNP considerada es sólo la parte financiada con cargo al sistema eléctrico (50% del total), el otro 50% de la financiación va con cargo al PGE.
También se recoge el mecanismo de cobertura de riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo por consumidores electrointensivos. El Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos.
Este mecanismo fomenta la contratación a largo plazo de energía eléctrica de estos consumidores, ya sea directamente o a través de un intermediario, producida por instalaciones de generación de energía eléctrica, y en particular procedente de instalaciones de generación renovable, mediante mecanismos de cobertura de las garantías que tienen que prestar los consumidores para la firma de dichos contratos a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación SA (CESCE). En la norma se efectúa el desarrollo del mecanismo de cobertura de riesgos por cuenta del Estado para los contratos a plazo de consumidores electrointensivos para el fomento de contratación bilateral a largo plazo del suministro de energía eléctrica.
Valoración del ejecutivo regional
En una primera valoración y a la espera de conocer el contenido del articulado del Real Decreto por el que se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, la valoración del Gobierno de Asturias no es favorable . El Gobierno ha advertido de que el estatuto electrointensivo aprobado este martes por el Consejo de Ministros ofrece un bajo descuento en su tarifa energética para las industrias radicadas en Asturias que tienen un alto consumo eléctrico como la siderúrgica ArcelorMittal o la metalúrgica Asturiana del Zinc.
En un comunicado, el Ejecutivo asturiano ha subrayado que su primera valoración, a la espera de analizar el articulado de la nueva norma, "no es favorable".
"No cabe duda de que la aprobación de una herramienta de política industrial es positiva, pero entendemos que hay que calibrarla y dotarla adecuadamente porque en su versión actual las empresas con mayores consumos de energía, como la gran industria asturiana, tienen un bajo descuento en su tarifa", ha expuesto el Gobierno del Principado.
El Ejecutivo asturiano había presentado varias alegaciones pactadas con los Gobiernos de Galicia y Cantabria, que pedían, entre otros aspectos, la consideración de las industrias hiperelectrointensivas, como ArcelorMittal o Asturiana del Zinc.
