El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende elevar de 25 a 35 años de cotización el periodo para estimar la cuantía de la pensión de jubilación. Según las fuentes consultadas, la propuesta figura en un borrador que Escrivá planteó al resto de ministros del área económica del Gobierno, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de la semana pasada, como medida para contribuir a ajustar las cuentas de la Seguridad Social.
Escrivá rechazó ayer hacer ningún comentario sobre esta propuesta en su participación en un encuentro organizado por Nueva Economía Forum. «Tengo que ser prudente y el Gobierno en general debe ser prudente», dijo en respuesta a las informaciones publicadas por “La Vanguardia” y “El Mundo” sobre la propuesta de alargar a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones, en contra del criterio de Unidas Podemos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al ser pregunta por posibles «recortes» en las pensiones futuras derivados de la ampliación del periodo de cómputo afirmó que estos «no están contemplados en el programa de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ni en el Pacto de Toledo». La portavoz de Podemos, Isa Serra, manifestó su rechazo a la propuesta y dijo que todo lo que no sea mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas será «ir hacia atrás». Desde la formación morada se interpreta que ampliar el periodo de cálculo sería una forma de bajar las pensiones.
El ministro de Seguridad Social no quiso alimentar la polémica y se remitió a sus negociaciones con los agentes sociales para la reforma de las pensiones, a cuya mesa no habría llegado aún de manera formal esta propuesta, según las fuentes consultadas. Desde los sindicatos se avanzó que sería «inadmisible» una propuesta de este tipo. «Esperamos que no sea cierto y que ni siquiera sea un globo sonda», apuntaron.
Según explicó Escrivá, la reforma de la Seguridad Social también se discute con la Comisión Europea (CE), en el marco de condicionalidad que rodea la asignación a España de 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción para los seis próximos años. La CE espera de España medidas de consolidación de las cuentas de la Seguridad Social que compensen la decisión adoptada por todas las formaciones políticas del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC real en el futuro.
Escrivá prevé presentar en el Congreso el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social en las próximas semanas. En alguna ocasión ha expresado su deseo de que sea el primer proyecto que entre en Las Cortes en el próximo periodo de sesiones.
Segunda ampliación
El cálculo de las pensiones se realiza a partir de los salarios (base reguladora) de los años previos a la jubilación. En la reforma de 2011 se alargó de 15 a 25 años este periodo y se optó por hacerlo de forma gradual, desde 2013, a razón de un año adicional por cada ejercicio. En 2021, este periodo será de 24 años y se alcanzará la meta de los 25 en 2022.
Si se da por hecho que en los últimos años de vida laboral se concentran los mejores salarios de un trabajador, se llega a la conclusión de que ampliar el periodo dará como resultado una media más reducida. Si, por el contrario, se tiene en cuenta que muchos trabajadores de más de cuarenta años han sufrido recortes salariales sucesivos desde la crisis de 2008 e incluso desempleo, se podría extraer la conclusión contraria.
En el acuerdo del Pacto de Toledo de hace semanas no se hace referencia a alargar el periodo de cómputo pero sí a estudiar que los trabajadores pueden elegir «los años más favorables» para la base reguladora de la pensión.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció ayer que su departamento está estudiando introducir una tasa para penalizar la práctica habitual de determinadas empresas de dar de baja los contratos de sus trabajadores los fines de semana (para darlos de alta de nuevo los lunes) y durante las vacaciones para no cotizar por ellos a la Seguridad Social durante esos periodos. “Se trata de una práctica intolerable, y claramente vamos a penalizarla”, señaló el ministro durante una intervención en Nueva Economía Forum, en Madrid.
La penalización podría consistir en la instauración de una tasa que se cobraría a la empresa cuando dé de baja temporal algún contrato laboral en esas circunstancias, lo que entraña una merma de la protección social del trabajador y un ahorro de costes para la empresa. En principio no se aplicaría a todas las sociedades sino a aquellas en las que se constate reincidencia habitual .“Esto se ha convertido en algo cultural y no podemos aceptarlo y vamos a establecer una tasa para las bajas que se den de contratos, estamos estudiando cómo hacerlo para que sea eficaz”, dijo José Luis Escrivá.
Las empresas que no coticen en fines de semana y vacaciones serán penalizadas
