El impuesto de sucesiones y donaciones ya es historia en la vecina Castilla y León. La Junta de la comunidad castellana dio luz verde –con los votos a favor de los partidos de la derecha (el PP, Ciudadanos, Vox, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila) y la oposición de la izquierda (PSOE y Podemos)– a la eliminación casi total de la tasa, que pasará a estar bonificada al 99% para familiares directos, cónyuges, ascendientes o descendientes y miembros de uniones de hecho con convivencia estable de al menos dos años. Este nuevo recorte deja a Asturias aislada y como la única comunidad del norte de España que mantiene el tributo. En el Principado el mínimo exento de este impuesto es de 300.000 euros, pero cuando se supera esa cifra la carga tributaria es la más alta del país. El presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, calificó el impuesto de sucesiones de “profundamente injusto, porque penaliza el esfuerzo de las familias”, y aseguró que su eliminación será “claramente positiva para todos”.
El gobierno de Castilla y León también avisó de que este no será el único impuesto que baje durante esta legislatura. “No siempre subir los tributos genera una mayor recaudación y no siempre bajarlos genera menos ingresos”, aseguró Mañueco. Con este paso, Asturias queda aislada, como una isla fiscal en el norte. Las vecinas Cantabria y Galicia le han dado portazo a este tributo. Más el Gobierno cántabro, que, al igual que acaba de hacer ahora Castilla y León y como hizo hace ya un tiempo Madrid, aprobó una bonificación del 99% de este tributo, mientras que en la comunidad gallega el mínimo exento está ya en el millón de euros. Mañueco también resaltó que la eliminación de la tasa beneficiará a los más jóvenes y aseguró que la supresión era un “empeño personal”.
El debate político en Castilla y León tuvo su miga. La portavoz de Hacienda del PSOE en la Junta, Rosa Rubio, tachó la eliminación de este tributo como un “empeño” del PP y Ciudadanos para que “quien más tiene y más hereda pague menos”, mientras que los socialistas defienden que “cada uno pague por lo que tiene y por lo que gana”. La socialista insistió en el momento “difícil y crítico” por el que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia, lo que exige que los servicios públicos “deben verse reforzados”.
Asturias había entrado inicialmente al trapo de estas bajadas en el impuesto de sucesiones. Lo hizo cuando el 1 de enero de 2017 entró en vigor en el Principado una elevación del mínimo exento de este tributo, que pasó de los 150.000 a los 200.000 euros, lo que acabó con lo que se había calificado como “error de salto”. Solo unos meses después, el 1 de junio de ese mismo año, el mínimo exento se situó en 300.000 euros gracias a los acuerdos presupuestarios entre el PSOE y el PP. La bajada se quedó ahí. Inalterada. Según las cuentas del Gobierno regional, hay 200 asturianos que pagan por el impuesto de sucesiones en Asturias que identifica como “grandes fortunas”. En un reciente debate en la Junta, el presidente regional, Adrián Barbón, aseguró que esta tasa no tiene impacto en la deslocalización de empresas que denuncia la patronal.
Montero advierte a las regiones que bajan impuestos que luego no pidan “dinero al Estado”
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que mantiene un “respeto absoluto” a las competencias propias que pertenecen a las comunidades y que no va a entrar en “cómo y de qué manera se ejercen esas competencias”, sobre todo las fiscales, aunque advirtió que “hay que ser consecuente y coherente y, si uno considera que tiene capacidad económica para tener unos menores recursos o recaudación, lo que no puede ocurrir a continuación es que solicite dinero al Gobierno de España”.
Montero señaló que el Gobierno ha puesto en marcha un grupo de expertos para hacer una revisión profunda del sistema fiscal. “No se trata de subir o bajar impuestos, se trata de modernizar la estructura de nuestro sistema fiscal, pensada para el siglo XX, analógica, cuando asistimos a una realidad del siglo XXI que además es una realidad digital”, dijo. La ministra de Hacienda explicó que “la economía no se expresa igual y los comercios tradicionales tienen una fiscalidad más ajustada, más severa que las nuevas áreas de actividad que han irrumpido y escapan del radar de la fiscalidad”.