Foro Nuclear, patronal de las plantas nucleares españoles, amenazó ayer con cerrar estas instalaciones anticipadamente ante el recorte de los beneficios que les reporta la carestía de la electricidad por el impacto del precio del gas natural que decidió ayer el consejo de ministros y el proyecto de ley en tramitación parlamentaria para hacer lo mismo con los derechos de emisión de CO2. Las nucleares, que no soportan ninguno de esos dos costes, son retribuidas en el mercado mayorista –cuyo funcionamiento obedece a una regulación europea– como las energías a las que sí les penalizan. Ignacio Araluce, presidente del Foro, dijo que las centrales nucleares están en pérdidas y que soportan elevados impuestos y que, con las nuevas decisiones, no será asumible mantenerlas abiertas. Esta asociación señaló que las centrales renovaron sus autorizaciones de explotación teniendo en cuenta el precio del CO2 en el mercado internacional y que, de haber sabido el cambio legal, no lo hubiesen hecho. Las actuales plantas nucleares españolas tienen previsto su cierre entre 2027 y 2035.
A su vez, la patronal de tres de las cuatro grandes compañías eléctricas (Aelec) juzgó “desacertada” y de castigo la decisión de recortar los beneficios extraordinarios que obtienen las centrales de generación que no consumen gas por el impacto en el precio de la electricidad del elevado coste del combustible fósil en el mercado internacional. El sector rechaza que se le obligue a subastar energía al margen del mercado mayorista, como ya se hizo en 2007, y reitera que no es responsable de la escalada de la electricidad ni se está beneficiando de ello. Reclamó que se reforme la tarifa regulada (PVPC) para limitar la exposición de los usuarios a la gran volatilidad del mercado mayorista.
Partidos y sindicatos.
El presidente Pedro Sánchez (PSOE), dijo que la decisión es “rigurosa y solvente”. Ione Belarra y Jaume Asens (Unidas Podemos), calificaron la decisión de “valiente y contundente” y dijeron que “se ha acabado la barra libre de las eléctricas”. Cuca Gamarra y Javier Maroto (PP) juzgaron la decisión de “timo” y “ocurrencia confiscatoria” de “dudosa legalidad” que “frenará la competitividad y las inversiones”. “Del peronismo se pasa al pedrismo”, dijeron. Edmundo Bal (Ciudadanos) tachó las medidas de “populistas y parche”. Iván Espinosa de los Monteros (Vox) calificó al Gobierno de “ruina para los españoles”. UGT vio “insuficiente” la decisión.
