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El informe de un perito defiende la gestión de UGT con los cursos de formación

Un exletrado del Tribunal de Cuentas concluye que el dinero se canalizó de forma correcta

Los procesados, durante la primera sesión del juicio. En el centro y en primera fila, Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT-Asturias.

El perito Antonio Ramón Rodríguez Castaño –exletrado del Tribunal de Cuentas– defendió ayer durante una de las últimas sesiones del juicio por el presunto fraude en los cursos de formación de UGT de Asturias que las ayudas que había cobrado el sindicato fueron canalizadas de forma correcta hacia el resto de compañías que se encargaron de ofrecer la formación a los desempleados. Según apuntó, UGT encomendó al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) una parte de la actividad que era objetivo de la subvención y ésta, a su vez, concertó para el sindicato la realización de las demás actividades formativas con otras entidades.

Rodríguez Castaño considera que no existe subcontratación entre UGT e IFES, sino una contratación de servicios. Ese matiz es relevante ya que uno de los argumentos de la acusación es que IFES contrató directamente con las sociedades vinculadas al sindicato Localmur, Formación 2020 e Infastur, pero sin solicitar tres ofertas como establece la ley de subvenciones. Sin embargo, este requisito, según el perito, no era exigible a la hora de llevar a cabo el alquiler de los locales.

La acusación sostiene que IFES infló el alquiler de tres locales en los que se impartían los cursos y obró de la misma forma con la compra del material. En el informe que presentó Rodríguez Castaño se reconoce que es complicado determinar cuál es el valor de mercado y cuestiona el informe de la Delegación de la Intervención General del Estado (IGAE) porque, asegura, “en lugar de buscar el valor de mercado empleando los medios que establece la ley realiza una deducción”.

El perito también recoge en su informe que los años en los que las ayudas recibidas por UGT están en cuestión –2010, 2011 y 2012– el sindicato no solo encargó este tipo de trabajos a IFES, también contó con otras entidades. “La actividad realizada por IFES se correspondía con el 38,65% del gasto en 2010; el 37,23% en 2011; y el 56,18% en 2012”. En la jornada de ayer también prestó declaración el auditor de Vertis Javier del Álamo. Solo quedan dos jornadas del juicio, en las que se expondrán las conclusiones de los abogados de la defensa y la acusación.

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