Las autoridades tributarias autonómicas podrán reforzar desde enero los controles fiscales referidos a los impuestos que gravan la adquisición de inmuebles, sea por compra o herencia: la entrada en vigor del llamado “valor de referencia de mercado”, que determinará la base imponible mínima de tales tributos cuando conciernen a viviendas, locales, fincas u otras propiedades análogas, se convertirá de hecho en una herramienta que permitirá realizar comprobaciones casi automáticas y mucho más numerosas que con los procedimientos vigentes ahora, limitados desde fines de 2018 tras anular los tribunales entonces uno de los “métodos objetivos” más profusamente utilizados por administraciones como la asturiana.
El impuesto de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y donaciones son dos figuras principales en los ingresos tributarios del Principado, que hasta septiembre recaudó 115 millones por la primera y 73 millones por la segunda. En ambos casos, los inmuebles y en concreto el valor que se les dé son componentes esenciales de las bases imponibles, en la medida en que Transmisiones Patrimoniales grava sobre todo la compraventa de viviendas usadas (también la de coches) y que las propiedades inmobiliarias forman parte de casi todas las herencias. En la gestión e inspección de tales impuestos, la denominada “comprobación de valores” tiene un papel muy relevante: el contribuyente (generalmente, a través de un gestor o asesor) hace una autoliquidación, el Fisco la revisa y, si está disconforme con los valores declarados cuantía de la base imponible), reclama un pago extra mediante una “liquidación complementaria”. Ese mecanismo de pago y control inicial de los impuestos se hacía en Asturias de una forma hasta 2018, de otras distintas en la actualidad y volverá a cambiar en 2022.
Los coeficientes.
Hasta 2018, el Principado utilizada de manera sistemática para las comprobaciones de los valores declarados por los contribuyentes un mecanismo previsto en la legislación tributaria que consistía, en el caso de un piso, en multiplicar el valor catastral por un coeficiente de ámbito municipal, igual para todo el territorio de cada concejo y que no tenía en cuenta ni el estado del piso ni su situación céntrica o periférica. Daba lo mismo si se había pagado un precio menor por la vivienda: el comprador tenía que pagar en función del valor así calculado. Salvo en un supuesto: si ese precio efectivamente pagado era mayor que el resultante de la fórmula de los coeficientes, el comprador tenía que tributar por el primero, más favorable para la Hacienda autonómica. En el último ejercicio completo en que el Principado uso tal método (2017), exigió liquidaciones complementarias a casi 5.100 contribuyentes, en su inmensa mayoría por discrepancias referidas al valor declarado de viviendas y otros inmuebles.
El hachazo judicial.
Tras años de altísima litigiosidad, en mayo de 2018 el Tribunal Supremo anuló el mecanismo de los coeficientes municipales, utilizado por una mayoría de comunidades. La crisis inmobiliaria que hundió los precios desde 2008 había provocaba con frecuencia situaciones como esta: se compraba un piso por 90.000 euros, pero se tributaba como si su valor fuera de 120.000, con un sobrecoste fiscal de 2.400 euros (considerando el tipo de gravamen asturiano, del 8% en un caso así). El hachazo judicial a los coeficientes obligó al Principado a abandonar una fórmula de comprobación simple y barata. Desde entonces ha aplicado una estrategia de control selectivo, empleando las tasaciones hipotecarias cuando existen –tampoco pacíficas jurídicamente– y la elaboración de informes periciales por los funcionarios. Se tiene “en cuenta el coste-beneficio de las actuaciones”, refleja un informe del Ministerio de Hacienda sobre la gestión del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado. Esto es, si no está claro que el ingreso extra que puede obtener la Administración cubre los gastos que requiere el trabajo pericial, no se hace. Así que, como norma general, los impuestos se liquidan “con arreglo a los valores declarados” por los contribuyentes. Consecuencia: el número de declaraciones complementarias reclamadas por el Principado bajó el 40% en 2019 y casi el 50% en 2020 en relación a 2018, si bien en este último resultado incidieron también los impactos de la pandemia en la actividad inmobiliaria y en el funcionamiento del organismo recaudador.
Desde enero.
El uso a partir 2022 del “valor de referencia de mercado” cambiará de nuevo las reglas de la tributación sobre los inmuebles y las de su comprobación por la Administración. Ese valor será fijado individualmente cada año para cada inmueble teniendo en cuenta las compraventas que se realicen en su entorno y la información que conste en el Catastro sobre sus características. Será la nueva base imponible de los referidos impuestos –con efectos también en el de Patrimonio en caso de los bienes adquiridos después de 2021–, la cantidad que deberán declarar los contribuyentes en sus autoliquidaciones. Salvo que, en el supuesto de quien compra un piso, el precio pagado rebase el valor de referencia. De ser así, la Hacienda autonómica exigirá tributar por la cantidad más alta. Y dispondrá de nuevo de un mecanismo de comprobación casi automático y susceptible de un uso masivo sin costes elevados: verificar el valor de referencia, el escriturado y lo declarado por el contribuyente.