Las solicitudes de rescate planteadas el año pasado al Gobierno por las ingenierías asturianas Imasa e Isastur, así como la del grupo metalúrgico catalán Celsa (dueño de la compañía industrial gijonesa Moreda Riviere Trefilerías), están siendo analizadas por los asesores jurídicos y económico-financieros independientes contratados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La petición de Imasa Ingeniería y Proyectos para acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) se produjo en julio, hace siete meses. Aunque el real decreto ley que creó el fondo en 2020 para socorrer, mediante ayudas públicas temporales, a empresas estratégicas y viables dañadas por la pandemia establece un plazo de seis meses para responder a la petición –e indica que, transcurrido ese periodo, la ausencia de respuesta por el consejo rector del fondo ha de interpretarse como desestimación de la solicitud–, fuentes conocedoras señalaron que los plazos estipulados no han de entenderse como meses naturales, dado que el cómputo se detiene cuantas veces se emiten nuevas consultas, demanda de aclaraciones o peticiones de documentación adicional a las empresas solicitantes.
De este modo, la solicitud de Imasa sigue en plazo y está siendo objeto de evaluación, como es tablece la norma, por los asesores externos de la SEPI, la sociedad que gestiona el Fondo y ejecuta los rescates por orden del Gobierno.
Imasa solicitó 25 millones de euros, el importe mínimo que permite el llamado Fondo estatal de rescate. La compañía, que declaró una caída de las ventas del 60% en 2020 a causa de los efectos de la pandemia, estaba en beneficios antes del covid y tiene cartera de trabajo. El grupo emplea a 800 personas (antes del coronavirus sumaba un millar) y la eventual ayuda del Estado serviría para su reforzamiento patrimonial y financiero. En 2020, y en plena paralización de numerosas economías por la pandemia, acometió un expediente de regulación de empleo (ERE) y otro temporal (ERTE).
Los asesores externos de SEPI evalúan tanto si las empresas solicitantes cumplen los requisitos del Fondo (es el llamado principio de elegibilidad) como su capacidad para devolver en el futuro las ayudas públicas otorgadas y en los plazos previstos.
En la misma fase de estudio se halla la petición cursada por la también ingeniería asturiana Isastur, señalaron las mismas fuentes. Isastur plateó su petición en octubre, hace cuatro meses. Al igual que Imasa, ha pedido 25 millones. Como otras ingenierías, argumentó el impacto del covid, que obligó a parar obras en ejecución, frenó la contratación e incrementó costes en los proyectos, que en muchos casos están en vías de reclamación. A consecuencia de la crisis global, el grupo, que en 2019 alcanzó una cifra récord de contratación (205 millones), sumó en 2021 nueva carga de trabajo por una cifra muy inferior: 120 millones.
Celsa (primer grupo privado siderúrgico español y tercer fabricante de productos largos de acero en Europa), con fábrica en Gijón, barajó una solicitud de hasta 700 millones al fondo estatal en diciembre de 2020, pero la bonanza por la que atraviesa el sector del acero ha mejorado notablemente los resultados del grupo, lo que ha llevado a modificar la petición y reducir la cuantía de la ayuda solicitada. Los cambios explican la tardanza en obtener respuesta. El año pasado tuvo unos ingresos récord de unos 5.200 millones y un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 600.
Hasta ahora, Duro Felguera es la única empresa asturiana rescatada por el FASEE y la SEPI, con una aportación de 120 millones. También recibió 34 millones Airtificial, sociedad especializada en inteligencia artificial y que, aunque carece de actividad en el Principado, cuenta con dos grupos inversores asturianos entre sus accionistas de referencia. A su vez, otro fondo, Fonrec (Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por el Covid-19), que gestiona la sociedad pública Cofides, inyectó 9 millones en la empresa de ingeniería y montajes industriales Navec, con instalaciones en Asturias procedentes de la antigua compañía asturiana Tradehi.
Los datos
Imasa. La ingeniería con sede en_Oviedo pidió la ayuda temporal del Gobierno para empresas estratégicas y solventes impactadas por el covid en julio. Solicitó 25 millones, el mínimo que permite el decreto que regula el Fondo estatal de rescate.
Isastur. La ingeniería con sede en Llanera planteó su petición en octubre por un importe también de 25 millones. Como la de Imasa, la tramitación sigue su curso y está en fase de evaluación por los asesores económicos y jurídicos independientes que dan apoyo a la SEPI.
Celsa. La siderúrgica catalana, dueña de la empresa gijonesa Moreda Riviere Trefilerías, planteó uno de los rescates más cuantiosos de los cursados hasta ahora, aunque la cifra se ha ido modulando, en parte por la mejora notable de resultados del sector siderúrgico.
