Arcelor y sindicatos vuelven a negociar con el trasfondo de las inversiones en Veriña

La salida del personal de ArcelorMittal nacido en 1962, la creación de una comisión de empresa saludable y la concreción de las inversiones proyectadas por la multinacional para la descarbonización parcial de su factoría de Gijón reabrirán el diálogo social a partir de hoy en la empresa siderúrgica, según los compromisos alcanzados entre la dirección de la compañía y los sindicatos durante la negociación del octavo acuerdo marco, de ámbito estatal, suscrito por las partes el pasado día 22, y que regulará las relaciones laborales de la multinacional en España hasta 2025. Con anterioridad, el 18 de abril, la representación laboral en Asturias y la dirección de la compañía ya habían llegado a un pacto específico para la región supeditado a que también se alcanzase el entendimiento en el ámbito estatal.

La nueva negociación, que comenzará hoy con la constitución de la mesa, abordará cuestiones de relevancia para los sindicatos.

Según el punto decimotercero del acuerdo marco, las partes abordarán en esta nueva comisión negociadora "la salida de personal nacido en el año 1962 en condiciones económicas equivalentes a las que se han venido aplicando hasta la fecha" a los trabajadores nacidos con anterioridad a esa fecha. "Será cometido de esta comisión igualmente", según los términos pactados, "el tratamiento" ("en el contexto de las necesidades futuras de plantilla"), de "las personas que mantengan o hayan mantenido una relación laboral temporal".

La alusión a las "necesidades futuras de plantilla" vincula directamente esta negociación con la confirmación aun pendiente por la empresa de las inversiones prometidas en descarbonización, dado que estos planes, por un monto de 1.000 millones, conllevará una mayor automatización de los procesos y polivalencia de la mano de obra, lo que supondrá menores requerimientos de personal. La última estimación difundida por la empresa apunta a una reducción de plantilla en Asturias del 20%, con la supresión de 1.000 de los 4.900 empleos actuales en la región. La compañía, que debe informar al Gobierno antes del 5 de julio si sigue adelante con sus planes en descarbonización y acepta en consecuencia las ayudas públicas otorgadas por el Consejo de Ministros con autorización de la UE por 450 millones, se comprometió a explicar sus planes a los sindicatos a lo largo de este mes.

A su vez, y según la cláusula undécima del octavo acuerdo marco, también se deberá constituir antes del 22 de junio una comisión específica para avanzar en la definición y consecución del concepto de "empresa saludable".