El Gobierno exigirá a las grandes eléctricas nuevas inversiones en sus redes para evitar apagones

El Gobierno trabaja en una reforma legal para mejorar la seguridad de las redes eléctricas frente al riesgo de apagones por averías y pretende extender algunos nuevos requisitos de protección con carácter retroactivo para hacerlos obligatorios también en instalaciones ya existentes. Un cambio legal que obligará a las grandes eléctricas a realizar reformas en sus redes de distribución para implantar equipos adicionales.

El Ministerio de Industria, comandado por Héctor Gómez ahora en funciones, trabaja en un real decreto con el que pretende modificar varias instrucciones técnicas para incluir en la normativa nuevos requisitos de seguridad que obligará a introducir mejoras en cientos de miles de transformadores ya operativos por toda España, la mayoría de los cuales forman parte de las redes de distribución de Endesa, Iberdrola y Naturgy.

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La nueva regulación que prepara el Ejecutivo -que actualmente está sometida a una segunda fase de consultas ante el sector energético e industrial y a las administraciones tras incluir propuestas presentadas en un primer proceso de audiencia- obligará a instalar protecciones extra para evitar el riesgo de sobrecargas en unos 270.000 transformadores. Las compañías tendrán entre tres y seis años de plazo para ejecutar los trabajos dependiendo del tipo de transformador.

Inversiones de más de 60 M

Un plan de reformas obligatorias contra las sobrecargas en la red que obligará a las eléctricas a ejecutar inversiones de más de 63,5 millones de euros en los próximos años, según las estimaciones recogidas en la documentación oficial del Ministerio sobre el impacto económico que tendrá la futura regulación de seguridad.

Las proyecciones que maneja el Gobierno contemplan que Iberdrola tenga que asumir inversiones por importe de 35,6 millones de euros a través de su filial de distribución I-DE; que Endesa ejecute obras por 18,4 millones con su compañía de redes E-Distribución; Naturgy, otros 7,7 millones con Unión Fenosa Distribución; y que EDP, a través de sus varias filiales en el negocio de la distribución, asuma 3,2 millones.

El Gobierno justifica la necesidad de aplicar estas medidas de seguridad extra con carácter retroactivo en que la normativa actual permitía a las eléctricas no instalar equipos contra las sobrecargas si preveían que el riesgo de sobretensión era sólo eventual. “Sin embargo, en muchos casos en los que en su momento se previó que dicho transformador no iba a trabajar con sobrecargas, dicha situación sea distinta en la actualidad”, apunta Industria.