Canarias aprueba la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones y deja de recaudar 18 millones

Canarias ha aprobado la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. El Ejecutivo autonómico acordó hoy en el Consejo de Gobierno modificar la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y bonificarlo en un 99,9%, devolviéndolo a la situación que había a 31 de diciembre de 2019. Para ello el Gobierno aprobó hoy un decreto ley por el que bonifica este impuesto por razón de parentesco, una medida que según los cálculos del Ejecutivo tendrá un coste fiscal de 18 millones de euros anuales para la Hacienda pública.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, explicó, tras la reunión, que este impuesto, tal y como estaba concebido en estos últimos años, supone una "sobreimposición" no justificada sobre la Renta porque se ha gravado cuando se obtiene, y sobre el Patrimonio, al gravarse cuando se ahorra. Además, a su juicio, tampoco tiene sentido que en una comunidad como Canarias, que posee un régimen fiscal con una tributación favorable, los canarios tengan que pagar más por este concepto que en otras regiones españolas que sí tienen el impuesto bonificado.  

Con este cambio normativo se pretende, según explicó Asián, proteger a las rentas medias y bajas que, fundamentalmente, se derivan de la renta del trabajo. Según datos del Consejo General del Notariado, en el año 2022 unos 2.000 canarios rechazaron los bienes que les llegaron por herencias de ascendentes o familiares, batiéndose un récord que sitúa a la Comunidad Autónoma entre las regiones con mayor porcentaje de herederos que declinan la sucesión debida, principalmente, a los costes que les supone la aceptación.

La bonificación del impuesto de sucesiones beneficiará a los familiares hasta el cuarto grado mientras que en el caso de las donaciones hasta el segundo grado. Una de las razón que explican esta decisión, segíun el Ejecutivo, es "el elevado coste extrafiscal" que asumen las personas beneficiarias en el caso de las sucesiones, por gastos de asesoramiento y gestoría que afectan "a las rentas medias y bajas" especialmente. Se trata también de paliar, en la medida de lo posible, el fuerte incremento en la imposición directa que supone la elevación que se ha producido en los valores de referencia de los bienes inmuebles tras la norma que entró en vigor el 1 de julio de 2021. 

Suscríbete para seguir leyendo