Los empresarios valencianos exigen a Sánchez que el Puerto salga del pacto con ERC y Junts

El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, calienta motores en vísperas de comenzar, oficialmente, el período de negociaciones para fijar una nueva sesión de investidura en el Congreso como jefe del Ejecutivo central para una próxima legislatura. El posible pacto con sus futuros socios, más allá de aprobar una ley de amnistía y aceptar o no un referéndum sobre la independencia de Cataluña, también podría tener importantes consecuencias para el futuro del Puerto de València, lo que no pasa desapercibido a los empresarios.

En ese sentido, "ante las supuestas presiones por parte de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Cat" para que no se amplíe el recinto del Grao, desde la patronal autonómica CEV que preside Salvador Navarro, han querido dejar constancia «del total apoyo al proyecto de la construcción de la terminal norte de contenedores, en una ampliación que ya está realizada".

Infraestructura clave

En opinión de Navarro, "dos formaciones catalanas no pueden condicionar la decisión sobre una infraestructura clave para el futuro de la Comunitat Valenciana desde el punto de vista económico, empresarial y social. De ahí que pidamos al presidente del Gobierno en funciones -puntualiza Navarro- que en caso de existir presiones por parte de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Cat para frenar la terminal, las desoiga".

"Visión de Estado"

En plena competencia entre puertos del Mediterráneo por captar más tráficos de mercancías, algo que es natural y comprensible, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso formuló en 2020 una larga batería de preguntas al Gobierno de España sobre la situación del Puerto de València, su zona de actividades logísticas (ZAL), el acceso norte terrestre e incluso del espacio de usos de la Marina Real de València. ERC instó entonces al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse la "suspensión cautelar" del proyecto de ampliación del recinto del Grao.

La autorización del Gobierno

El consejo de administración de la APV aprobó hace cuatro años la inversión que debe realizar Valenciaport (algo más de 500 millones de euros) para adecuar la nueva terminal de contenedores, que pretende explotar la multinacional TiL-MSC y en la que invertirá unos 1.100 millones de euros. Y lo remitió a Puertos del Estado para su posterior elevación al Consejo de Ministros, que debe dar su visto bueno al ser una obra que supera los 12 millones de euros.

Desde ese momento, lamenta Navarro, el proyecto ha permanecido bloqueado por una parte del Ejecutivo , a pesar de que fue el propio Gobierno el que hizo suyos los argumentos del estudio realizado por la Universidad Politécnica de València sobre la terminal norte en una respuesta parlamentaria del año 2021.

Los contínuos retrasos a la inversión de la compañía de capital italosuizo "podrían espantar" a la citada naviera, reconoció el presidente de la asociación de directivos y empresarios del sector logístico Propeller València, Alfredo Soler. En una entrevista publicada este pasado fin de semana en Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, Soler aseguró que "los socios de Sánchez quieren potenciar el Puerto de Barcelona, no el de València".

Cámara y transportistas

"El único motivo real de esta parálisis obedece a sectarismo y a los intereses particulares de unas formaciones políticas". Así de contundente se pronunció ayer el presidente de la patronal del transporte FVET, Carlos Prades, quien aseguró a este diario que seguir sin avanzar en la nueva terminal norte supone "paralizar un motor de generación de riqueza y empleo en la Comunitat Valenciana, de incremento de la competitividad de la economía, de captación de nuevas inversiones y de innovación industrial".

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