La siderurgia ve inviable acabar en dos años la descarbonización que exige Europa

Unesid, la patronal siderúrgica española, de la que forma parte ArcelorMittal y otras 45 empresas del sector, instó ayer al Gobierno a negociar "con celeridad" con la Comisión Europea para que alargue el plazo de ejecución de los proyectos subvencionados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliciencia. En opinión del director general de Unesid, Andrés Barceló, las empresas van a afrontar una "enorme dificultad" para concluir las inversiones en el plazo establecido. "Parece que se han olvidado de los retrasos y otros obstáculos en la cadena de suministro (ingenierías y bienes de equipo), ya que, a pesar de que se contempla la extensión de los plazos de ejecución, la fecha límite para realizar la inversión (31 de marzo de 2026) sigue siendo una barrera infranqueable en la actualidad", sostuvo.

La patronal del acero se refiere específicamente a la primera línea de actuación del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de la Descarbonización, que, por un importe de 1.000 millones en ayudas públicas con cargo a los fondos europeos de Próxima Generación, acaba de sacar a audiencia pública el Ministerio de Industria.

Sin embargo, la problemática de la estrechez de plazos para la ejecución de los proyectos de transición energética también es extrapolable a la segunda línea del PERTE, la ya aprobada por 450 millones para el proyecto de ArcelorMittal para la sustitución del carbón por hidrógeno verde en su cabecera de Gijón mediante el reemplazo de uno de los dos hornos altos de Veriña por un horno de reducción directa (DRI). ArcelorMittal aún no ha aprobado de modo definitivo esta inversión (la más cuantiosa de su plan de descarbonización) porque trata de garantizarse plazos de ejecución asumibles y precios energéticos viables.

Unesid urge al Ministerio de Industria a "negociar con celeridad con la Comisión Europea" para que el ejecutivo comunitario "permita una ejecución acorde con la realidad industrial y regulatoria". La patronal del acero sostiene que los plazos, tanto de la consulta pública como de la ejecución de los proyectos, son excesivamente cortos" y lamenta "la tremenda carga burocrática" que entraña la nueva convocatoria de la nueva línea del PERTE.

Unesid muestra por ello su "preocupación" ante "la falta de alineamiento de las ayudas del PERTE con las necesidades de la industria" y anuncia que alegará.

Además de los plazos demasiado justos, la asociación del acero objeta que las bases reguladoras de la nueva línea de 1.000 millones permita concurrir a proyectos con "un reducido presupuesto mínimo" y mediante "concurrencia no competitiva", lo que permite aprobar los proyectos a medida que se presenten si cumplen las normas y sin esperar a la evaluación de todos ellos en conjunto para elegir los mejores.

Unesid, que agrupa a grandes empresas, dice que "este reparto artificial" puede generar "una avalancha de presentaciones y aprobaciones" y supondría "dar un poquito a muchos en lugar de seleccionar los proyectos con potencial transformador" y "donde más hace falta, como en los sectores expuestos a una fuerte competencia internacional y a la deslocalización".

En la memoria del PERTE Industria alega la "dificultad de su convocatoria pública en concurrencia competitiva" porque "el instrumento de ayudas va dirigido al sector industrial manufacturero en su conjunto, formado por multitud de diferentes subsectores industriales, cada uno de los cuales presenta unas características muy dispares en cuanto a tipos e intensidad de emisiones", tamaños de empresa, tecnologías que precisan, etc...y que esta heterogeneidad, sostiene, dificulta la comparativa.

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