Fedea advierte de que solo se podrá cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria con compra pública de excedente

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que solo hay una forma de cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria, y es mediante la compra pública de los excedentes. Así lo recoge este lunes Ángel de la Fuente, en una nota de prensa donde afirma que es imposible cumplir algunas de las cláusulas de dicha ley. Habla especialmente de la que exige que los precios cubran como mínimo los costes de producción a lo largo de la cadena. Sostiene que, en el supuesto de que consiguiera cumplirse, esta medida tendría "consecuencias negativas a medio y largo plazo para la eficiencia del sector". Ante este panorama, la única manera de prohibir las pérdidas del sector, "o algo parecido", es "mediante el establecimiento de suelos de precios", con la compra pública de los excedentes, sostiene el autor.

Para de la Fuente, sin embargo, este aspecto de la reforma no abre ninguna vía "novedosa o prometedora" en la línea de mitigar los problemas del sector, cuyos miembros llevan ya tres semanas saliendo a la calle a lomos de sus tractores para defender sus derechos. El texto advierte de que la reforma es un arma de doble filo. Porque "busca instaurar un nuevo derecho para los operadores del sector alimentario: el de recuperar sus costes o vender su producción sin pérdidas". Algo que solo será posible "si alguien tiene la obligación de comprar esa producción a un precio suficiente". Y advierte: "tratar de imponer tal obligación a agentes privados es seguramente ilegal en Europa".

Ángel de la Fuente descarta esa solución. Argumenta que eso no se puede hacer en una economía de mercado. Obligar a los compradores de productos alimentarios a que los compren a productores menos eficientes, pagando precios más altos a la media del mercado, para cubrir sus costes. Porque esos productores podrían optar por no pedir una recuperación completa de sus costes, temorosos de que eso supusiera una pérdida de la venta, "lo que aumentaría aún más sus pérdidas". Ante este panorama, la realidad es que la Ley "se incumple con frecuencia", advierte el autor.

Por eso, solo se puede avanzar en la dirección que pretende la reforma de la Ley de la cadena si el sector público "asume el papel de comprador de último recurso para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado". Esta recuperación de los costes podría implementarse fijando suelos de precios, en el sentido tradicional del término. Estos suelos se referenciarían a los costes medios de producción de cada producto, pero también podrían fijarse a niveles más elevados si se considera necesario un mayor nivel de apoyo al sector alimentario doméstico, propone de la Fuente.

Fijar precios mínimos para proteger la producción doméstica, la de las pequeñas explotaciones agropecuarias que están en peligro de desaparecer en España y en gran parte de Europa, puede suponer una mayor ganancia de "seguridad y autonomía". Pero subir los precios garantizados también incrementa los costes que recaen sobre otros colectivos, como los consumidores, que "tendrán que pagar más caros los alimentos". También recaerá sobre los propios contribuyentes, obligados a "financiar la compra y almacenamiento de mayores excedentes agrarios" y sobre ciertos países de renta inferior.