El Principado respalda por "error" la ley de eólica marina y horas después rectifica

Medio Rural presenta alegaciones contra la norma estatal que combaten los pescadores

Roqueñí había anunciado lo contrario en la Junta

Marcelino Marcos y Nieves Roqueñí

Marcelino Marcos y Nieves Roqueñí

Yago González

Yago González

El Gobierno regional mostró ayer problemas de "descoordinación" –así descritos por fuentes cercanas al Ejecutivo– a cuenta de la regulación de la energía eólica marina, un asunto espinoso en Asturias por los recelos que despierta entre los pescadores el futuro despliegue de molinos de viento aguas adentro del Cantábrico. En pocas horas, desde el Principado se hicieron afirmaciones contradictorias al respecto: primero descartando cualquier alegación al decreto ley que ultima el Gobierno central (al ser una competencia del Estado) y, a renglón seguido, asegurando que el Principado sí había presentado enmiendas al texto legislativo, "con el objetivo de mejorar la normativa y evitar un perjuicio al sector pesquero asturiano".

La secuencia de hechos fue la siguiente. A primera hora de la mañana (9.30 horas), la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, compareció en la Junta General para responder a diferentes preguntas de la oposición. Una de las primeras la formuló el diputado de Vox Gonzalo Centeno sobre si el Principado había presentado alegaciones al proyecto de real decreto del Gobierno central sobre la instalación de molinos de viento en las costas españolas –entre ellas la de Asturias–, dado que hoy finaliza el plazo de consulta pública. La respuesta de Roqueñí fue categórica: "El Gobierno de Asturias –la Consejera se refirió así, "por error", al Ejecutivo en general, no en concreto a su departamento – no ha tenido consideración de hacer ninguna alegación en este trámite porque conocemos el real decreto y estamos de acuerdo en la regulación". 

La Consejera señaló que el proyecto auspiciado por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera "adjudica concursos de implantación con numerosos criterios, como su impacto en la navegación o la pesca". "En ese marco, y no en otro, el Principado tiene que participar en los procesos de evaluación de impacto ambiental y de autorización de los proyectos que surjan en las áreas de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) asturianos", expuso Roqueñí. Es decir, que el Gobierno regional no cuestiona la normativa nacional, sino que a partir de ésta evaluará cada uno de los posibles proyectos de aerogeneración en el mar. En Asturias se contemplan para tres zonas: dos en el Occidente y una frente a Gijón.

Unas seis horas después (15.30) de las declaraciones de Roqueñí, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria envió un comunicado afirmando que este departamento (en concreto, su Dirección General de Pesca Marítima) sí ha enviado al Ministerio alegaciones al proyecto. Según la Consejería dirigida por Marcelino Marcos, estas enmiendas "proponen retrasar la publicación del real decreto hasta que se tengan en cuenta las medidas previstas en los POEM y los efectos que los parques eólicos pueden causar en los ecosistemas (marinos)". Medio Rural también considera que la norma "debe tomar en consideración criterios no económicos de sostenibilidad ambiental y social", y "defiende que las energías renovables no se superpongan a los usos ya existentes sin llevar a cabo un análisis profundo de las repercusiones que la implantación de parques eólicos tendrá en el sector pesquero". Medio Rural también solicita que "la comisión incluya personal capaz de valorar todos los criterios de ponderación, no solo los económicos y técnicos".